Santo Domingo.– El Comisionado Presidencial para la Revisión y Fiscalización de los Contratos de Mantenimiento Correctivo de Infraestructuras Escolares informó que más de ocho mil expedientes han sido remitidos a la Contraloría General de la República, luego de ser sometidos a un proceso interno de depuración, verificación técnica y organización documental conforme a la normativa vigente de control estatal.

La remisión se realiza en cumplimiento de la Orden Departamental núm. 055-2025, que establece un nuevo esquema de control, verificación y auditoría integral para todas las fases vinculadas a los trabajos de mantenimiento correctivo en centros educativos.

De acuerdo con esta disposición, ningún pago puede ejecutarse sin la validación previa de la Contraloría, ni sin agotar los controles financieros y administrativos correspondientes. Este mecanismo busca garantizar transparencia, legalidad y uso responsable de los recursos públicos.

El Comisionado explicó que los expedientes revisados corresponden a trabajos ejecutados antes de 2025. Estos casos fueron consolidados en documentos únicos con el propósito de organizar la información, validar la documentación de soporte y determinar los pagos que procedan, exclusivamente sobre la base de criterios técnicos y legales.

Actualmente, la Contraloría General de la República lleva a cabo la revisión individual de cada expediente remitido.

El proceso se desarrolla de forma sistemática y exhaustiva, asegurando que cada caso sea evaluado conforme a los estándares establecidos, lo que aporta tranquilidad tanto a los contratistas como a la ciudadanía.

Una vez concluida esta etapa y emitidos los dictámenes correspondientes, las Direcciones Regionales del Ministerio de Educación contarán con la habilitación legal y presupuestaria para ejecutar los pagos que sean autorizados, siempre dentro del marco normativo vigente.

Cabe recordar que, mediante el Decreto núm. 569-25, el presidente Luis Abinader designó a Julio Ramón Cordero Espaillat como responsable de esta Comisión Presidencial, con el mandato de garantizar procesos transparentes, responsables y alineados con la legalidad en la administración de los fondos públicos.

En ese rol, Cordero Espaillat supervisa, coordina y da seguimiento a los contratos y procesos de pago, en articulación con el Ministerio de Educación, la Contraloría y otras instituciones competentes, reafirmando su función como instancia rectora del control previo.

Para ofrecer seguimiento y orientación sobre los casos vinculados a estos procesos, se habilitó una línea de atención a través del teléfono 809-688-9700, extensión 2033, además de atención presencial en las oficinas ubicadas en la avenida Simón Bolívar esquina Máximo Gómez, primer nivel.