La Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo confirmó en todas sus partes, la sentencia que en primera instancia condenó a los integrantes de una presunta banda acusada de robar combustible de los tanques que alimentan generadores de emergencia de energía eléctrica de varias de las estaciones repetidoras de señal de telefonía móvil, propiedad de Codetel.
La sentencia ratifica la decisión adoptada por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, que condenó a ocho años de reclusión mayor a Cruz Manuel Johnson (Oscar) y a Angel Licurgo De León De la Rosa, antiguo oficial de seguridad de una compañía privada así como a tres años de reclusión a Marino Martín De la Cruz.
Junto a ellos figura como acusada María Josefina Johnson, dueña del camión cisterna supestamente utilizado para almacenar y transportar el combustible sustraído a Codetel y madre de Cruz Manuel Johnson, de quien se dijo era el líder operativo de la banda y chofer del camión. María Josefina no se presentó al juicio y fue declarada por el tribunal en rebeldía, luego de ser favorecida con una garantía económica por un juez de la Instrucción, y haber huido presumiblemente a España.
Con relación a este mismo caso, a finales del pasado mes de enero, se llevó a cabo la audiencia en contra de Joel David De la Cruz Martínez, quien también fue apresado vigilaba el lugar cuando se cometía el supuesto robo. Fue condenado a 5 años de reclusión y una indemnización de cien mil pesos a favor de Codetel.
Los hechos por los cuales fueron condenados dichos sujetos fueron calificados como: asociación de malhechores, robo calificado y abuso de confianza en contra de Codetel, en violación a los artículos 265, 266, 267, 379, 384, 385 y 408 del Código Penal de la República Dominicana.
Este caso fue iniciado desde enero del 2008 y forma parte de otros expedientes que lleva esa compañía contra grupos dedicados a actos vandálicos de robo de combustible y cableado que afectan la estabilidad del servicio telefónico en comunidades enteras, ocasionando pérdidas de decenas de millones de pesos a la telefónica en los últimos años.

