La reciente retirada de la Ley de Modernización Fiscal, aunque comprensible en el contexto actual, no debe hacernos perder de vista su imperiosa necesidad para el futuro económico de la República Dominicana. Durante más de dos décadas, las finanzas públicas han registrado un déficit que ronda el 3% del PIB, lo que ha empujado la deuda del país a niveles cercanos al 60% del PIB.

Esta situación, si bien manejable en el corto plazo, coloca una creciente presión sobre la sostenibilidad de la deuda y la capacidad del Estado de seguir respondiendo a las demandas de servicios básicos como la salud, la seguridad y el transporte.

La República Dominicana enfrenta un obstáculo importante: no tiene la calificación de grado de inversión, una distinción otorgada a países con economías más sólidas y menos riesgos financieros. Esta ausencia implica que el país debe asumir tasas de interés más altas, y esto a su vez, aumenta los costos de la deuda y limita los recursos disponibles para invertir en infraestructura y servicios esenciales.

Sin una reforma fiscal que aumente los ingresos y estabilice las finanzas, el país dependerá aún más del financiamiento externo, con el riesgo que esto supone a largo plazo. Además, esto podría complicar aún más el panorama económico y social para el gobierno entre 2028 y 2032.

Esta situación es difícil, porque el país va en constante crecimiento y no es mentira que el Estado sigue siendo el gran cliente del sector privado en muchos rubros de la economía. Esto demanda una reflexión estratégica y una apertura hacia nuevas fuentes de ingresos que fortalezcan el fisco. Pensar en el desarrollo del sector minero no metálico, promover el turismo de lujo y consolidar el país como un hub logístico regional son algunas de las vías por explorar.

No se trata únicamente de ajustar cinturones, sino de idear soluciones innovadoras que abran nuevas oportunidades de inversión y generen más recursos.

Es fundamental recordar que la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley No. 1-12), promulgada en 2012, ya establece la obligación de un pacto fiscal. Postergar la reforma fiscal es como posponer una tarea esencial, confiando en que el mañana nos dará más tiempo o mejores condiciones para afrontarla. Pero, al igual que con la procrastinación, cada día que pasa sin actuar hace que la carga se vuelva más pesada, las soluciones más difíciles y el costo más alto.

Las finanzas públicas, como esas obligaciones que evitamos, no desaparecen por ignorarlas. Al contrario, se acumulan, y con ellas crece el precio de nuestra inacción, hasta que, eventualmente, se convierte en una deuda imposible de saldar sin sacrificios mucho mayores.

Por: Orlando Jorge Villegas

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