La vía escogida por el procurador general para revelar graves imputaciones contra la jueza de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Miriam Germán, lacera muy seriamente la credibilidad del proceso de selección de doce magistrados de esa alta corte, que lleva a cabo el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

El magistrado Jean Alain Rodríguez extravió escenario al utilizar su condición de miembro del CNM para emplazar públicamente a la jueza Germán a responder imputaciones reveladas en cartas anónimas o rubricadas por un juez, toda vez que tales denuncias deberían ser tramitadas conforme al debido proceso.

Esa jueza acudió a la sesión televisada del CNM para ser evaluada en sus aspiraciones a continuar en la SCJ, pero el Procurador convirtió su comparecencia en un juicio público en el que la doctora Germán fue tratada como imputada o justiciable, sin derecho a la debida defensa.

Se ha divulgado que el Ministerio Público solicitó u obtuvo permiso de una jueza suplente para intervenir el teléfono de la jueza Germán, por lo que podría interpretarse que en su contra se habría abierto una investigación de tipo penal.

La Suprema Corte de Justicia es en gran medida el corazón de la democracia, porque sus sentencias establecen jurisprudencia sobre todos los temas o aspectos relacionados con derechos, deberes y obligaciones de personas físicas o jurídicas, que a su vez sirve de faro o guía para todo el orden judicial.

Es por eso que el Constituyente y el Legislador otorgan a los miembros del más alto tribunal de la nación privilegios jurisdiccionales y protocolos especiales en todo lo relacionado con procesos penales o civiles que invoquen su interdicción, porque el fuero de esa investidura no puede ser debilitado por dagas del Poder.

Corresponde al Consejo del Poder Judicial solicitar al procurador general que le informe todo lo relacionado con la posible investigación que el Ministerio Público parece haber emprendido contra la magistrada Germán, además de reclamar el cumplimiento del debido proceso y garantía a su derecho de defensa.

El Consejo Nacional de la Magistratura está compelido a esclarecer todo lo relacionado con el penoso incidente causado por la vía escogida por el procurador general para endilgarle a una jueza de la Suprema Corte imputaciones de carácter criminal, como si ese organismo fuera un tribunal de inquisición.