Como la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) está negada a entregar copias de los interrogatorios a los miembros de la Cámara de Cuentas, en desacato incluso de una orden de la Suprema Corte de Justicia, debe explicarse cuál es el problema.

El director de la Pepca, Wilson Camacho, ha alegado simplemente que la sentencia de la juez de instrucción sobre la entrega de los documentos contrasta con el Código Penal. O sea, que Camacho se ha arrogado las atribuciones de juez y parte para desacatar un mandatamiento de la Suprema Corte de Justicia.

La actitud del funcionario deja mucho que desear sobre el respeto al debido proceso y además sobre el juicio mediático que ha abierto contra los miembros de la Cámara de Cuentas.

Tras la denominada “operación caracol” se supone no ha debido existir ningún problema con proporcionar copias de unos interrogatorios por los supuestos delitos de maquillar auditorías, asociación de malhechores, lavado de activos y otros cargos. Con su negativa y desacato el Ministerio Público se hace sospechoso de sus acciones.