Un grupo de cubanos con más de cinco años residiendo legalmente en el país, acusados por la Marina de Guerra y la Dirección de Migración de intentar irse en yola hacia Puerto Rico, presentaron este miércoles un recurso de amparo para que les sean restablecidos sus derechos.

Los cubanos posteriormente fueron liberados por el Ministerio Público sin formularles acusación en su contra.

Precisan que tras presentarlos como delincuentes, el consulado norteamericano canceló la visa a Erenia Torres, que la necesitaba por motivos de trabajo y de salud.

Los demás han perdido sus trabajos y sus fuentes de sustento.

Ahora la cancillería se niega a tramitar cualquier solicitud que sometan estos ciudadanos relativos a trámite de la nacionalidad de sus familiares, entre otras tantas consecuencias del abuso y la arbitrariedad con la que han actuado las autoridades demandadas, precisan los abogados.

La acción de amparo incluye al Ministerio de Relaciones Exteriores, el contralmirante Ramón Gustavo Betances, los capitanes de navío Félix Alburquerque Comprés y Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez y la fiscal adjunta Aura Celeste Suriel.

El recurso fue presentado por los abogados Carlos Salcedo, Eduardo Jorge Prats, Dilia Batlle y Michel Camacho, ante los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

La instancia fue presentada por los señores Erenia Torres Ruiz, Lizardo Tamayo Torres, Bárbara Tamayo Torres, el ingeniero Daniel Nonell Morua, Lisandra García Brito y la menor Lixania Tamayo García.

Los demandantes, naturales cubanos, pero nacionalizados dominicanos, con más de 5 años de residencia legal en el país -algunos hasta 8 años-, alegan que han sufrido el escarnio público de haber sido presentados como delincuentes.

Señalan que el motivo del amparo es la reivindicación de los derechos al honor, al buen nombre, a la vida privada y familiar contemplados en el artículo 44 de la Constitución de la República. También, por la violación al derecho a la libertad de tránsito, al trabajo, a la inocencia y a la dignidad.

Precisan que sus derechos fueron lesionados por la forma vejatoria como el contralmirante Gustavo Betances, los capitanes de navío Alburquerque Comprés y Crisóstomo Martínez y la fiscal adjunta Celeste Suriel, dirigieron una investigación penal en su contra, quienes, sin ninguna prueba que lo avalare y sin haber ocurrido los hechos narrados, los involucraron en un viaje ilegal.

Dijeron que Los miembros de la Marina de Guerra son directamente responsables de exponer a los demandantes, entre quienes figura una menor de edad, en distintos medios de comunicación como responsables de haber intentado irse en un viaje ilegal a Puerto Rico, sin que la encargada de dirigir la investigación, la fiscal adjunta Celeste Suriel, hubiera formulado alguna acusación.