En su proclamado rol de gendarme del mundo, Estados Unidos ha divulgado un “Informe sobre sobre la trata de personas 2025”, en el que reconoce los avances que ha logrado República Dominicana en la lucha contra ese flagelo, pero asegura que el país no cumple con los estándares mínimos para garantizar su control.
Aunque el gobierno estadounidense se esfuerza por dispensar buen tratamiento a las autoridades dominicanas en la valoración de su política de prevenir, detectar y sancionar casos de trata laboral, migratoria y sexual, afirma que la corrupción y la complicidad oficial en esos tipos de delitos siguieron siendo importantes.
El informe menciona casos de nepotismo en los procesos de contratación de personal en puestos relacionados con la lucha contra la trata de personas, en los cuales fueron empleados gente sin experiencia, y también refiere cancelaciones de funcionarios de Migración por aceptar sobornos y amenazar a las víctimas.
La trata de persona, junto al narcotráfico, terrorismo y lavado de dinero, constituyen crímenes ante los cuales las naciones derriban barreras jurídicas para dar paso a la cooperación en la identificación y captura de quienes incurren en esos ilícitos, pero no hay estatuto internacional que autorice a un país a juzgar el desempeño de otros en esos casos.
Aun así, el gobierno dominicano esta compelido a tomar notas de las críticas y observaciones contenidas en ese informe, todas las cuales deberían ser respondidas en el marco del ordenamiento jurídico interno y al amparo del inalienable principio de soberanía nacional.
Además de referir casos de sobornos, amenazas, filtrar información y detener ilegalmente a migrantes, en el informe también se mencionan operaciones de redes de tráfico sexual y en específico de un suboficial de la Policía que facilitó la entrada de víctimas de trata sexual.
El gobierno dominicano reconoce facultades a Estados Unidos para investigar, juzgar y decidir en torno a su desempeño en la persecución de delitos de trata de personas, al informar a Washington sobre la investigación de ocho funcionarios presuntamente cómplices en un caso de red de trata sexual y otros crímenes conexos, lo que fue incluido en el informe del Departamento de Estado.
A las autoridades les toca examinar las recomendaciones que formula Estados Unidos para afrontar aquí la trata de personas, entre las que resaltan“expedir documentos de nacionalidad a los dominicanos elegibles” y expedir o renovar documentos de identidad «a las poblaciones elegibles”. Cuidado con eso.