Mucho antes de lo que se suponía, el tema haitiano ha hecho erupción en la Asamblea Revisora. Para muchos, incluyéndome, el reperpero mayor debía producirse cuando en la agenda del día apareciera el tema de la nacionalidad. Pero no ha sido así, y ya vemos como, con el debate sobre el artículo 52 del proyecto de reforma constitucional, alrededor de 34 asambleístas expresaron el deseo de hacer uso de la palabra.

La opinión pública está dividida en torno al manejo que se debe dar a las relaciones con Haití. Hay quienes consideran que se debe trazar la raya de Pizarro y que los dominicanos no deben mirar para la parte occidental. Otros, menos radicales, aceptan las relaciones diplomáticas y comerciales, sin concederles mayor interés. Un sector más liberal, es partidario de un intercambio comercial fluido y vínculos diplomáticos normales.

Hay una realidad geográfica que se nos impone, y es la de que los haitianos y los dominicanos compartimos el mismo territorio, y no hay forma de cambiar esa situación.

Haití, gústenos o no, es el mercado más cercano, y de menor costo, para colocar nuestros productos, sobre todo en el presente, marcado por la necesidad de ampliar nuestros nexos comerciales.

Nunca he puesto en duda mi nacionalismo, hablando en primera persona, y tengo la conciencia bastante clara, en lo que concierne a las diferencias históricas y culturales que separan a los pueblos de Haití y República Dominicana.

No quiero ni acepto, que nadie me enseñe nada en lo que se refiere a este tópico.

Quiero, sin embargo, pedirles a los componentes de la Asamblea Revisora en su condición de representantes de las 32 provincias del país, que se cuiden de no tocar los extremos en la construcción de la nueva Carta Sustantiva de la nación.

Las relaciones con Haití deben ser tratadas con el mayor cuidado posible, sin desmedro de nuestra identidad y sin posturas chauvinistas que rayan casi en la irracionalidad.

El trasiego de haitianos sigue siendo un gran negocio para los que cuidan la frontera dominico-haitiana.

Los haitianos y sus descendientes radicados en el país, con nacionalidad o sin ella, son un rompecabezas del que no nos podemos desembarazar fácilmente.

Nuestra economía está estrechamente vinculada a la mano de obra haitiana. Dicho de otra manera, urge poner en marcha una nueva política migratoria, pero poniendo los pies sobre la tierra, y sin abrir las puertas a la censura y a las sanciones de los organismos internacionales.

Plantearse la exclusión de los haitianos indocumentados del derecho a la salud, es una aberración y un acto de insolidaridad que no se corresponde con la nobleza y los sentimientos del pueblo dominicano.

Podemos defender nuestra soberanía, nuestras creencias religiosas, nuestra lengua y nuestras costumbres, sin necesidad de llegar a los extremos.