A raíz de la crisis del poder judicial, puesta de manifiesto ante la opinión pública al descubrirse una supuesta red traficante de sentencias, en la cual estaban involucrados nada más y nada menos que un miembro del consejo del poder judicial y varios jueces, la idea que se planteó para enfrentar la hecatombe, explosionada de la peor manera, fue realizar una cumbre entre diferentes actores que concurren en el sistema.

Nueva vez se actúa de forma reactiva y porque la putrefacción quedó expuesta. De no haber ocurrido así, el pus hubiese continuado su labor infecciosa. Para implementar la pomposa sugerencia, se organizaron encuentros preparatorios, para determinar problemáticas y posibles soluciones para superarlas. Este artículo se escribe en la víspera de la realización de dicha cumbre y adelanto que sus resultados no pasarán de una reiterativa enumeración de propuestas que, como lo habitual, se quedan en el marco de una retórica inconducente.

Así sucede cuando los inconvenientes se abordan desde la óptica equivocada y se eluden, por múltiples razones, las causas que provocan determinada situación que, bajo esos vanos intentos por trascenderla, no hacen más que perpetuarse.

Todo esfuerzo que no parta del reconocimiento de que el problema del sistema judicial dominicano es de naturaleza política y que, en ese ámbito es donde puede encontrarse su mejoría, está destinado al fracaso. Esa indisoluble vinculación de lo judicial con lo político es algo natural, normal, y ocurre en todas partes.

¿Cuál es la diferencia de esa circunstancia en nuestro país que le adiciona matices distintos a lo que ocurre en otras naciones? Que aquí, esa condición política se manipula en provecho de sectores particulares que intentan y logran hegemonizar el sistema con el propósito de obtener beneficios espurios en desmedro de las conveniencias generales.

De esa forma, se constituye un poder judicial que opera con sentido de protección de los estamentos políticos que lo estructuran, vulnerando las reglas de derecho como forma de garantizar esa protección.

Eso es lo que explica la impunidad en lo político, y la desigualdad en el acceso y en los resultados cuando se utiliza el sistema, porque todo está supeditado a los intereses en juego.
De ahí que, lo urgente no es una cumbre judicial, sino una reformulación de los criterios políticos a partir de los cuales se conforma un poder judicial alejado de los sagrados objetivos que está llamado a preservar por encima de consideraciones episódicas.