POR: Luis Pérez Casanova
l.casanova@elnacional.com.do

Todo el que quería podía intuir sin mayores esfuerzos el alcance del proyecto de ley de naturalización que después de consensuar con diferentes sectores el presidente Danilo Medina se tomó su tiempo para presentarlo al Congreso, resistiendo incluso las presiones de la comunidad internacional.

A tono con su estilo esperó que la marea bajara y los ánimos se calmaran para no exacerbar confrontaciones con la introducción de una pieza legislativa que, aun forzada por las circunstancias, ha contado con el respaldo de quienes izaron la bandera del nacionalismo en apoyo a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad. La decisión no fue adoptada a la ligera, por más que desde un primer momento el mandatario se identificara con una solución humana frente al drama de las desnacionalizaciones, sino cuando el momento lo ameritaba.

Si la prudencia ha sido uno de los componentes que ha caracterizado el estilo de gobernar del actual mandatario, la forma en que manejó la crisis que suscitó la tristemente célebre sentencia 168/13 se ha encargado simplemente de despejar cualquier duda al respecto. Con lo tenso que se tornó el panorama había que observar equidistancia de los sectores enfrentados, pero también, apelar a la persuasión para garantizar que el proyecto que deja sin efecto la condición de apátridas de decenas de miles de dominicanos de ascendencia haitiana calara en la conciencia nacional. Es justo reconocer que en torno al conflicto Danilo Medina se ha comportado como un verdadero jefe de Estado al actuar con mesura, inteligencia y equilibrio, antes que como líder de un segmento de la población.

El proyecto de ley, que se impone al odio, la discriminación y los insultos, está inspirado, según el propio gobernante, “en principios fundamentales sobre los que se erige nuestro Estado, tales como la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad y la convivencia fraterna”. Tan estimulantes como las motivaciones es su reconocimiento de que la regularización “es la forma más justa, rápida y definitiva de terminar con la incertidumbre de estas personas y sus descendientes, y desterrar para siempre la posibilidad de que sus derechos sean restringidos por carencias administrativas en las que ellos no tuvieron responsabilidad ni participación”.

Huelga señalar que el Presidente ha tomado la decisión más justa y humana. Y lo ha hecho de manera tan sensata, que ha reivindicado el derecho de las víctimas. En un gesto histórico, Medina defiende que a esas personas que vivieron toda su vida con una identidad jurídica, como Juliana Deguis, se les reconozca definitivamente como buena válida “y puedan continuar su vida normalmente”. Era lo que el buen juicio imponía, al margen incluso de leyes internacionales.