El endeudamiento público se ha convertido en piedra de debate público después que el presidente Luis Abinader afirmara que el 80% de la deuda contratada durante los cinco años de su gestión ha sido utilizada para pagar o refinanciar compromisos heredados de los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina.
Fuerza del Pueblo (FP) rechazó el señalamiento presidencial al afirmar que entre 2020 y 2025 el Gobierno requirió en promedio RD$365 mil millones anuales, equivalentes a RD$2,2 billones, de los cuales solo se destinaron RD$564 mil millones (25.6 %) para amortizar o refinanciar deudas previas y el restante 74 % para cubrir déficits fiscales, gastos corrientes y pagar subsidios.
El Partido de la Liberación (PLD) sostuvo que entre septiembre de 2020 y agosto de 2025 el Gobierno ha desembolsado US$35,302 millones, de los cuales US$17,660 fueron para amortizar deuda anterior, y US$18,991 a nuevo endeudamiento. Atribuyó, la reducción de la deuda como porcentaje del PIB “a un efecto estadístico provocado por el rebrote económico posterior a la pandemia”.
En esa porfía, el presidente Abinader sostiene que en términos relativo su Gobierno ha logrado reducir la deuda pública en diez puntos porcentuales en relación con el Producto Interno Bruto (PIB), en adición a su criterio de que la mayor parte del endeudamiento (80 %) se ha dedicado a amortizar o refinanciar empréstitos de otros gobiernos.
Por su forma y contenido ese debate puede calificarse de estéril, porque sin importar lo que argumenten unos y otros, el monto de la deuda pública consolidada asciende a US$76,763.8 millones, equivalente a un 58%.9 % del PIB y la correspondiente al sector público no financiero se ubica en US$60,885.2 millones (46.7%).
Debería subrayarse que la deuda externa representa el 73.2% del total del endeudamiento público US$44,041.9 millones, en tanto que la deuda pública interna asciende a 16,141.0 millones (26.8 %), lo que significa una carga pesada sin importar si se mide en términos absolutos o relativo.
Si se desea zanjar ese infecundo debate, lo mejor sería que Gobierno y oposición se dividan a partes iguales el monto total del endeudamiento público, incluido el oneroso monto anual que significa el servicio de la deuda que ya supera el 25 % del monto del Presupuesto General del Estado, impactado por un déficit fiscal que supera el 3 % del PIB.
Por tratarse de un asunto muy serio, el endeudamiento público no debería ser utilizado como espada o escudo en un adelantado pleito electoral entre gladiadores que en mayor o menor medida han sido responsables de que cada ciudadano de este país haya contraído una deuda aproximada de US$5,454.00.