El Consejo Nacional de los derechos Humanos (Conadehu) denunció que “empresarios”, extranjeros buscados por la justicia de sus países, intentan sacar a la fuerza a parceleros de la Asociación La Esperanza, de San Felipe de Villa, que ocupan los predios desde hace más de 40 años.

Nelson Gutiérrez, director de Conadehu, afirmó que “el grupo dirigido por el español Cruz Aspetegui Cardenal, nacionalizado al vapor como dominicano, que es buscado internacionalmente, pretende con títulos por 821 tareas de tierras, adjudicarse 1,800, bajo subterfugios vil, baratos y sin fundamentos legales”.

Señaló que tiene informaciones emitida por la justicia española, de que Aspetegui Cardenal, pertenece a una banda denominada los ERE, dedicada por más de una década a desviar fondos (Euros), hacia países de América Latina, entre estos la República Dominicana.

Asegura que el empresario español junto a altos oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, políticos y altos militares pensionados, son testaferros de Aspetegui Cardenal y de otros políticos famosos latinoamericanos.

Gutiérrez sintetizó que Aspetegui Cardenal, ha sido judicializado en el país por lavado de activo, asociación de malhechores y otros cargos, “pero logra escabullirse de la justicia, por más documentos legales que la Asociación de Parceleros La Esperanza aporten”.

Acusa al español de tratar de adueñarse a la mala de los terrenos, junto a los empresarios Raúl Nazario Rizek, propietario de constructora Rizek; los japoneses Masateru Hiromitsu, Sensuke Hiromitsu, y Moya, supervisores y constructores.
“Cruz Aspetegui Cardenal se movía en la oscuridad con facilidad, teniendo a su órdenes generales y coroneles de las Fuerzas Armadas y a Policía, entraba y salía de despachos judiciales dominicanos, ordenaba dar palos a los parceleros y obtenía órdenes de desalojos, a pesar de que las autoridades conocen de los procesos legales ganados por los parceleros”, precisó.

Gutiérrez exhortó al presidente Danilo Medina, a no dejarse engañar, y evitar que sigan los atropellos en contra de los miembros de la Asociación de Parceleros La Esperanza, que recibieron los predios del IAD, “y ante del Gobierno construir la circunvalación Norte, el Estado declaró de utilidad pública y pagó la parte de tierra que sería afectada de los Rizek y demás empresarios”.