Como nación todos aspiramos a una mejora en las condiciones de vida de todas las personas que convivimos como sociedad. Para la obtención de esa meta inicialmente aceptamos que todos los individuos nacimos con derechos inalienables que no existen como un capricho de un Estado o los vaivenes de la mayoría manifestados a través de votos, sino que estos son inherentes a nuestra condición de seres humanos.

La aceptación de la existencia de nuestros derechos más básicos, sin embargo, no fue suficiente para enfrentar ciertas inequidades resultantes del curso ordinario de nuestra actual sociedad, por lo que el Estado ha tenido que recurrir al otorgamiento de privilegios a grupos específicos de personas con la intención de nivelar las oportunidades tendentes a mejorar las condiciones de vida de estos que se entienden menos favorecidos. Hoy en día, lamentablemente, la diferencia entre los derechos y los privilegios está cada vez más nublada, lo que opera en detrimento de todos.

Los privilegios no son inherentes al ser, por lo que por lo general se manifiestan como políticas públicas tendentes a proteger o fortalecer un sector o grupo de personas. Como toda política pública estas son susceptibles a estar equivocadas, erradas, mal aplicadas o ser insostenibles en el tiempo, sin embargo por la naturaleza inherente a todo tipo de privilegio, estas resultan sensiblemente difíciles de corregir o revertir.

Los privilegios pueden venir a modo de la imposición de una obligación sobre unos a favor de otros, como ocurre con la mayoría de los “derechos” laborales (salario mínimo, cesantía, etc.) y de la Seguridad Social; pero también estos pueden ser a modo de pagos directos o renuncias a cobro por parte del Estado como los distintos subsidios, el Plan Solidaridad y las numerosas exenciones fiscales. Algunos son razonables y sin mayor impacto económico para el común de la sociedad y otros son francamente insostenibles y de cuestionable beneficio.

El problema de los privilegios es que una vez implementados estos resultan políticamente difíciles de ajustar o quitar. El precio de los combustibles se ha desplomado severamente, pero los subsidios a estos y a la electricidad siguen resultando una carga pesada para el Estado que no parece tener un final a la vista, por su lado las exenciones fiscales le cuestan al Estado cientos de miles de millones de pesos sin recaudar según la DGII y estas también resultarán difíciles de revertir.

Lo mismo ocurre con Solidaridad que, como predijera hace casi una década, sigue creciendo de manera monumental son un objeto definitivo que busque poner fin a su necesidad, y con el auxilio de cesantía el cual está siendo muy cuesta arriba sustituir por un seguro de desempleo.

La tendencia actual en muchos países es y probablemente seguirá siendo la creación de más privilegios a través del genealogismo de los Derechos Fundamentales en búsqueda de preservar el sueño del Estado de Bienestar, por lo que esta opinión no es ya parte del debate. Mi aspiración es que cuanto menos en el mediano plazo tengamos un poco más de cuidado en la creación de privilegios de forma tal que no atente directamente contra la sociedad que buscamos crear.