La renuncia de 16 de 20 instituciones que formaban parte de la Comisión de Observadores del Concurso de Oposición Docente refleja una recurrente actitud del ministro de Educación de imponer criterios unilaterales carentes de trasparencia como si esa dependencia fuera un fuero suyo y de los suyos.
Los comisionados dimitieron masivamente porque ese concurso que procura el nombramiento de miles de profesores no está revestido de las garantías “que el uso de las buenas prácticas, consagradas para eventos de esa naturaleza pueden proporcionar”.
El Ministerio de Educación nunca entregó a la comisión de veedores documentos relacionados con la metodología, los criterios y el procedimiento que se utilizarían para determinar la demanda de 19,181 docentes que requiere la institución. Dicho de otra manera, el ministro Roberto Fulcar no facilitó el trabajo de los renunciantes.
Después de un primer fracaso en el proceso de evaluación de aspirantes a maestros, con la filtración de las pruebas de competencias a que deberían someterse, el ministro Fulcar nombró por vía administrativa a unos diez mil docentes, lo que representa un gran traspié en los esfuerzos por alcanzar un estadio de calidad educativa.
Instituciones y académicos fueron convocados para integrar una Comisión de Observadores del concurso de oposición docente que tendría por misión garantizar idoneidad y transparencia en la evaluación y selección de los nuevos docentes, pero otra vez el ministro Fulcar pretende imponer sus designios de un plumazo.
El Consejo Nacional de Educación debería indagar las razones por las cuales las universidades Católica Madre y Maestra, (Pucamaima) Pedro Henríquez Ureña, (Unphu) Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), así como la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), entre otras instituciones, renunciaron a esa comisión de veedores.
El titular de Educación ha confrontado problemas con procedimientos de concursos para nombrar por oposición maestros y funcionarios y para escoger suplidores de bienes y servicios, como lo demuestran la cancelación de directores regionales y la objeción de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas a la forma de adquisición de un lote de equipos de computadoras.
Lo deseable sería que una instancia mayor procure el retorno de los renunciantes a integrar la comisión de veedores del Concurso Docente, lo que debería estar precedido del compromiso del ministro de Educación a sujetarse a la legalidad y a la transparencia.
Quizás te pueda interesar leer:https://elnacional.com.do/encuesta-y-reflexion/
