El Defensor del Pueblo denunció el esquema estructurado por clínicas, aseguradoras y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), para limitar el acceso de los usuarios a los servicios básicos de calidad del sistema sanitario al crear “trabas” que obligan a pagar de manera indebida hasta para retirar un cadáver, infringiendo en muchos aspectos la Ley 87-01, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

Al participar en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, Pablo Ulloa afirmó enérgicamente que este se ha sido uno de los derechos más violentado debido a que los entes de la Seguridad Social cobran hasta por ingreso, lo que resulta en una falta de dignidad.

Reprochó que el Congreso tenga que mediar con resoluciones para aumentar la cobertura de medicamentos, cuando la ley estipula que debe ser un porcentaje de lo que pagan los afiliados del sistema.

“Estos es inconcebible que los congresistas tengan que buscar mecanismos alternos cuando a la vista de todos las ARS y las clínicas privadas están violando la ley, perjudicando los derechos de los usuarios y que no haya régimen de consecuencias para los infractores”,

Aseguró que el derecho a la salud es uno de los más vulnerados en el país, debido a las dificultades que enfrenta la gente a la hora de buscar soluciones a sus enfermedades, como los cobros indebidos en hospitales y clínicas, acceso a medicamentos de altos costos y los problemas en el sistema de pensiones.

“Salud en República Dominicana es el derecho más violentado. Tenemos cobro por ingreso, por muerte, porque los cadáveres se cobran para salir y eso es falta de dignidad”, expresó Ulloa, al deplorar las complicaciones y actores que persisten en el sistema de salud, afectando a los ciudadanos.

Agregó “desde el Defensor del Pueblo hemos tenido una lucha titánica para que se respeten los derechos de la gente para acceder al sistema sanitario dominicano y la gente pueda tener un servicio de calidad sin cobros indebidos”, argumentó.

Indicó que a diario un equipo legal del Defensor del Pueblo acompaña a personas que acuden con denuncias de personas afectadas por infracciones a la Ley 87-01, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), destacándose los cobros injustificados en clínicas privadas y limitantes de las aseguradoras para cubrir estudios y medicamentos de algunas enfermedades.

Ulloa en el Almuerzo de Grupo de Comunicaciones Corripio estuvo acompañado por Ana Martich, primera adjunta; Darío Nín, segundo adjunto; Harold Modesto, secretario general; Rosa María Suárez, jefa de Gabinete y Juan Reyes, encargado de Relaciones Públicas.

Integridad

El funcionario denunció que la integridad es otros de los derechos más vulnerados, especialmente en destacamento donde agentes policiales someten a reclusos a maltratos físico y verbal.

Indicó que los agentes de la uniformada siguen utilizando métodos de torturas, heredados de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, para obtener confesiones.

Uso desproporcionado fuerza

El Defensor del Pueblo insistió en que ha sido muy crítico con el uso desproporcionado de la fuerza, tanto para civiles y agentes activos que han sido castigados.

También en los casos que han llevado a muertes en destacamentos. Dijo que a nivel interno ha visto cancelaciones desproporcionadas y castigos por cualquier situación.

“Y tiene que ver con esa reforma policial que ha sido un proceso que a lo interno no ha impactado como ha debido impactar”, afirmó el funcionario.