SAN JUAN. Puerto Rico. El organigrama de figuras públicas que giran en torno al Pablo Escobar del Caribe, José Figueroa Agosto, guarda varias similitudes con los personajes de un narcocorrido mexicano, género musical que glorifica las andanzas de los narcotraficantes. Los malos campean por su respeto mientras los buenos viven en la resignación.

Pero aún ninguna canción ha podido resumir la relación entre elementos del narcotráfico y políticos puertorriqueños, una alianza abarcadora y compleja que ha alcanzado los titulares de periódicos, pero que nunca ha podido ser probada ante un tribunal de justicia.

A pesar de que los tentáculos de la droga han alcanzado distintas esferas gubernamentales, la relación entre narcotraficantes y legisladores parece ser larga y tendida. Desde los años 90 se está hablando de los narcolegisladores.

’Éste es el narcotráfico de verdad. Se ha acusado a los legisladores como los autores principales o los facilitadores de los esquemas de narcotráfico. Defienden sus intereses a través de legislación o de alguna otra manera económica, sostuvo una fuente consultada por Primera Hora.

Los vínculos entre narcotraficantes y funcionarios del Partido Nuevo Progresista (PNP) quedaron ampliamente documentados con el caso de José Coquito López, un capo ejecutado en julio de 2006 que había sido un colaborador del presidente de la Comisión senatorial de Seguridad, Héctor Martínez, y un amigote del ex director del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) de Justicia, José Lozada.

Por otro lado, el cabildeo que libró la antigua cúpula estadista de Bayamón a favor de Figueroa Agosto, escribiendo cartas solicitando su indulto, entre otras gestiones protagonizadas por el representante Antonio Toñito Silva, también planteó una serie de interrogantes sobre las influencias que pueden ejercer poderosos narcotraficantes en las altas esferas de poder del Gobierno puertorriqueño.

Pero, aunque ambos casos arrojan luz sobre el mollero político de reconocidos hampones, éstos sólo parecen representar la punta de un témpano que esconde una realidad mucho más alarmante sobre un nexo que atenta contra la seguridad y el poder del Estado.

Quizás uno de los asuntos más perturbadores sobre la guerra contra las drogas que libran las agencias de orden público es la renuencia por parte del mismo Gobierno de perseguir y procesar a los altos funcionarios vinculados a los capos que controlan la distribución y venta de drogas al por mayor. Aunque algunos de los protagonistas principales de esta lucha han cambiado a través de los años, el narcotráfico parece cobrar cada vez más terreno en las ramas gubernamentales.

Investigación archivada

Aunque el comisionado residente Pedro Pierluisi cabildea para aumentar la presencia de las agencias federales en Puerto Rico para combatir el trasiego de drogas, algunos de sus principales detractores se cuestionan por qué el funcionario negó darle paso a una investigación de agentes encubiertos de la Policía que vinculaban a cuatro legisladores con la entrada de drogas a través de la costa oeste del país cuando ocupaba la posición de secretario de Justicia durante la primera administración de Pedro Rosselló (1992-96).

Mientras el gobierno Rosselló implantaba su política de mano dura contra la criminalidad, ocupando residenciales públicos y desarticulando puntos de distribución de drogas, el entonces presidente de la Comisión de lo Jurídico Aníbal Vega Borges recopiló declaraciones y grabaciones que implicaban a los legisladores en supuestos actos criminales.

El representante acudió con la entonces presidenta cameral Zaida Cucusa Hernández al Departamento de Justicia para presentar algunos de los hallazgos de la investigación en una reunión en que participaron Pierluisi, la entonces directora del NIE y el subsecretario de Justicia.

Pero Pierluisi sostuvo a menos de horas de la reunión con los legisladores que no se había presentado información suficiente para iniciar la investigación que en parte había surgido de la propia División de Drogas de la Policía.

Las confidencias apuntaban a que un prominente legislador había adquirido una lancha rápida para el trasiego de drogas en el Caribe. Versiones extraofiaciales aseguran que Figueroa Agosto, quien había ganado un campeonato de lanchas rápidas de Don Q, había sido el piloto de esa embarcación.

El Comisionado Residente limitó sus declaraciones sobre este tema a un escueto comunicado de prensa. En ese momento todo lo que sucedió fue que (Vega Borges y Hernández) sometieron una declaración jurada claramente defectuosa y los fiscales del Departamento de Justicia se vieron impedidos de iniciar una investigación en esas circunstancias.

Pero otros conocedores de las interioridades del Ministerio Público aseguran que Pierluisi contaba con información suficiente para iniciar la pesquisa debido a que la investigación recopiló datos específicos sobre la entrada de la droga y cómo algunos de los implicados estaban colaborando en la empresa criminal.

Además de toda la información recopilada por Vega Borges, fuentes de entero crédito aseguran que la propia Hernández, que había ocupado la posición de fiscal antes de su entrada al ruedo político, se había reunido con un agente encubierto en un cementerio de Mayagüez para hablar sobre el caso.

Una pescadería de Cabo Rojo aparentemente se utilizaba para descargar la droga que se introducía en el interior de los pescados y que llegaba a través de la lancha rápida que había sido adquirida por el legislador. El escándalo de los narcolegisladores, que explotó en marzo de 1995, nunca llegó a implicar a Silva ni a ninguno de los otros estadistas que escribieron cartas a favor de Figueroa Agosto.

La pesquisa se centró en la figura de Freddy Valentín y otros tres legisladores que nunca fueron investigados por el caso. Valentín cumplió por un esquema de lavado de dinero, extorsión y conspiración con la Administración de Vivienda Pública.

También desde RD

Después de su fuga de Puerto Rico, Figueroa Agosto se instaló en RD desde donde siguió operando su red de narcotráfico e incluso involucró en ella a empresarios, militares, policías, y otros.

Algunos dominicanos guardan prisión por su vinculación con él, mientras otros como Sobeida Féliz Morel se encuentra prófuga, al ser favorecida con una fianza por un tribunal dominicano.