El diputado del Partido Reformista Social Cristiano, por la provincia de Santo Domingo, el licenciado Omar De Marchena, declaró que urge la probación de Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal por los niveles de la actual Deuda Pública, por este el principal reto que debe enfrentar la economía dominicana, en estos momentos.

Manifestó el legislador reformista, que la Deuda Pública se ha multiplicado casi por siete, desde el año 2000hasta la fecha, como consecuencia de que el gobierno gasta más de lo que ingresa.

“Cada vez que el Congreso Nacional aprueba un presupuesto deficitario donde el gasto público es mayor a los ingresos fiscales, se incrementa la deuda pública. La República Dominicana debe aplicar la ley de presupuesto a cabalidad y aplicar políticas públicas que permitan la sostenibilidad fiscal,” explicó

En ese sentido Omar de Marchena manifestó que en un país de economía emergente con debilidades institucionales, frágil situación fiscal, y crisis de confianza en la administración pública, debe abocarse a una ley de responsabilidad fiscal que ayude a ordenar las finanzas públicas.

“Una Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, ayuda a sanear y transparentar el proceso de presupuesto, mejorar la calidad del gasto público, controlar el nivel de endeudamiento, y además, provee un marco para que los hacedores de políticas públicas puedan considerar los efectos de sus decisiones en el largo plazo. Todo esto, siempre y cuando exista un verdadero compromiso de la administración con un manejo responsable de sus recursos, bajo el marco de la Constitución y las leyes,” expresó.

Finalmente el joven diputado del PRSC por la provincia de Santo Domingo, comentó que una Ley de Responsabilidad Fiscal debe aplicar una buena discrecionalidad del gasto público; una buena formulación y ejecución del presupuesto del Estado y establecer mecanismos de control del gasto público; así como, debe realizarse la rendición de cuentas del gobierno como lo establece la ley, hacer proyecciones de metas fiscales, con una planificación con criterios a mediano y largo plazo de los mecanismos de evaluación, pero al mismo tiempo tener a mano indicadores de desempeño del sector público, y, lógicamente, reducir la deuda pública a niveles sostenibles para evitar males mayores en el futuro.