El Departamento de la Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), carece de recursos suficientes para enfrentar la corrupción, advirtió este lunes el titular del organismo, quien se quejó que la entidad recibe menos dinero que la defensa pública, a la que se le han asignado RD$240 millones.
El licenciado Hotoniel Bonilla aseguró que si la entidad contara con los recursos necesarios los resultados fueran distintos.
Consideró una paradoja que los que defienden incluso a muchos corruptos, cuentan con los recursos para defenderse, pero el DPCA no cuenta con recursos para actuar.
El funcionario dijo que no le sorprenden las declaraciones del presidente Leonel Fernández, que en su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional llamó a enfrentar la corrupción, pero aseguró que el organismo que dirige cumple su cometido.
Las denuncias de corrupción se han convertido en bandera de lucha de los partidos de oposición, que critican la supuesta indiferencia de las autoridades correspondientes para combatirla, aunque no señalan por sus nombres a quienes incurren en esta práctica.
También la Iglesia Católica ha hecho suyas las denuncias de la oposición, aunque, al igual que los distintos dirigentes políticos no aporta pruebas en ese sentido.
El presidente Leonel Fernández, en el discurso ante la Asamblea Nacional, resaltó los esfuerzos hechos por su gobierno para combatir este mal, citando entre las iniciativas tomadas con esos fines el Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa.
El gobernante también citó la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa y procedió a una reforma sustantiva de la administración financiera del Estado.
Adujo que cuando se hace un análisis comparativo de lo que hacen otras naciones para promover la transparencia y combatir la corrupción, pocos países han creado los mecanismos institucionales con que actualmente cuenta la República Dominicana.
Admitió el alegato de que se requiere someter a la justicia a aquellos funcionarios que presuntamente incurran en actos dolosos, y al respecto, llamó a que actúe al Ministerio Público, con plena independencia y libertad, para que cada quien sea responsable de sus propios actos.
Ningún funcionario ha sido traducido a los tribunales acusado de enriquecimiento ilícito por los principales denunciantes,, enquistados en la oposición, la Iglesia Católica o el movimiento Participación Ciudadana, cuyos dirigentes han tomado para sí la lucha contra ese mal.

