Los pronósticos de tormenta inflacionaria se mantienen invariables, atizados por presiones externas más persistentes de lo previsto, que situó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) interanual en República Dominicana en 9.05 %.
Ese nivel de inflación, resulta muy superior al rango meta fijado por el Banco Central, de 4+1, aunque la variación muestra una tendencia descendente en el primer trimestre de este año, al situarse en 1.18 % en enero, 0.92 en febrero y 0, 67 % en marzo, para un acumulado de 2.80 %.

El banco emisor reitera que el conflicto militar Rusia-Ucrania provoca aumentos adicionales en precios de los insumos y bienes primarios, incluido el petróleo que ayer retornó a la barrera de los 100 dólares, además de los costos del transporte marítimo y de contenedores.

El Gobierno parece convencido de que exonerar el arancel por seis meses a las importaciones de un lote de 67 productos de la canasta familiar reduciría los precios de alimentos como pollo, carnes de cerdo y vacuna, enlatados, ajo, cebolla y productos agroindustriales.

Gremios agropecuarios, industriales y agroindustriales han advertido que sería mayor el daño colateral que produciría esa medida al aparato productivo nacional, especialmente a pequeños y medianos agroempresarios, con secuelas de pérdidas de empleos e incremento de la pobreza.

La inflación se ha convertido en una especie de huracán que asola economías desarrolladas y en via de desarrollo, como son los casos de Estados Unidos (8,5 %), Reino Unido (7,2 %) y Chile (5,2 %), aunque ese torbellino no ha sido tan intenso en el istmo centroamericano.

Por el lado monetario, el Banco Central ha tomado previsiones para mitigar las alzas de precios, al elevar las tasas de interés referencial, como forma de disminuir circulante y demanda, además de acumular una sustancial reserva monetaria cercana a los US$14 mil millones.

Gobierno y sector productivo deberían arribar a un consenso útil sobre medidas de naturaleza financiera o fiscal que ayuden a disminuir la efervescente inflación , sin que causen graves perjuicios al campo dominicano que suple más del 80 % de los alimentos que consume la población.