Solo la comprensión, aplicación correcta y responsable de las normas electorales contenidas en la Constitución, la Ley Electoral 275-97 y otras disposiciones conexas, por parte de las distintas organizaciones políticas, y el esfuerzo de la honorable Junta Central Electoral, para lograrlo, podrían garantizar que las elecciones del 2020, puedan salir airosas de confrontaciones traumáticas a sillazos y tiroteos entre los mismos miembros de los partidos, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, para vergüenza de nuestra democracia.

Esta problemática tradicional, a lo interno de los partidos, aumenta mucho más, debido a que en el próximo torneo electoral, las elecciones municipales, presidenciales y congresuales serán celebradas en el mismo año, a solo tres meses una de la otra.

El tercer domingo de febrero las municipales y el tercer domingo de mayo, las presidenciales y congresuales, sin que hasta ahora los partidos estén organizados, para salir airosos en su constitucional tarea de fortalecer nuestra democracia.

Algo que agrava un tanto más el asunto es, que a estas elecciones generales se presentarán unos 4,116 candidatos y candidatas, a cargos electivos. Lo que implica, que si cada partido celebrara sus convenciones internas, en la mayoría de los casos terciarían 3 precandidatos por puestos electivos, lo que multiplicado por 3, nos daría la cantidad de 12,348, por partido. Y si lo multiplicáramos por los 26 partidos del sistema, estaríamos hablando de unos 366,968 precandidatos o precandidatas.

A eso se une la modalidad del voto preferencial, otro ingrediente, que como lo son también las convenciones o primarias internas, los partidos no están preparados, por cuanto ninguno tiene padrón actualizado, ni mucho menos han practicado la democracia interna ni la transparencia, lo que implica que, o corrigen estas violaciones a la Constitución, contenidas, fundamentalmente al artículo 216 de la Constitución o las elecciones venideras, internas y generales, serán como las anteriores: escenarios vergonzosos de tiros y sillazos entre miembros del mismo partido.

Las encuestas nos previenen: Hay una corrupción que preocupa a cerca del 90% de la población, la cual más del 67% no cree en los partidos y un 62% no cree en la Justicia. Para cambiar esta percepción y estimular a la población votante a acudir a las urnas creyendo en la institucionalidad de los partidos, como base principal de las instituciones que surgirán en cada una de las elecciones, hay que combatir la corrupción, el soborno y el contubernio, hay que concentrarse en realizar unas elecciones verdaderamente libres éticas y morales, donde el voto sea directo y secreto, no sobornado y con cédulas compradas. La corrupción se debe combatir desde cada elección, haciendo lo que hay que hacer: ¡Que se cumpla con la ley! De ahí que seguimos proponiendo:

Primero: Que la Junta Central Electoral, amparada en el poder reglamentario que les otorgan los artículos 211 y 212 de la Constitución y, refrendado por el artículo 3 de la Ley Electoral Número 275-07, le dé un plazo, por lo menos de un año a los partidos, para que conformen un padrón interno transparente y democrático, donde toda la estructura partidaria participe;

Segundo: Que la JCE ordene la apertura de los locales de los partidos, para que se lleve a cabo un programa mínimo de educación cívico-político, a nivel nacional, a través de sus 158 municipios. Para que los miembros de los partidos, aprendan a votar por conciencia y depuren antes de votar por cualquier candidato o candidata;

Tercero: Que la Junta Central Electoral disponga la obligatoriedad de que cada precandidato o precandidata a las primarias o a las elecciones generales, presente un certificado expedido por las juntas municipales y del Distrito Nacional, que certifique, que conoce la parte de la Constitución y las leyes principales que tengan que ver con su cargo y por la cual jurará cumplir, una vez sea electo. Comencemos a organizar las próximas elecciones. ¡Más vale precaver, que tener que remediar!