SANTO DOMINGO.- Aunque mantiene activa y dinámica su política de financiamiento de rubros alimenticios de ciclo corto, el Banco Agrícola está imposibilitado de ejecutar, por la insuficiencia de recursos financieros, una carpeta de proyectos en el campo que sería determinante en la transformación del sector agropecuario y del entorno de los residentes en la zona rural.

El ingeniero Paíno Abreu Collado, administrador del Banco Agrícola, dijo que los proyectos en cuestión están concebidos a ejecutarse con los recursos que aportaría la reforma a la Ley 4314 sobre alquileres, cuyo proyecto fue sometido al Congreso vía el Senado por el Poder Ejecutivo el 18 de enero de 2010, pero que hasta ahora no se define su destino.

Aseguró que la limitante de recursos financieros ha impedido que la institución impulse con préstamos en la zona rural proyectos para la producción de biocombustibles, construcción y reparación de viviendas, adquisición de electrodomésticos de productores agropecuarios y el financiamiento del estudio de sus hijos, así como agroindustrias, frutales, la investigación y la tecnología.

Precisó que con mucha frecuencia recibe propuestas de inversionistas nacionales y extranjeros para que respalde con financiamientos proyectos en la zona rural que han pretendido ejecutar en coordinación con productores locales, pero que lamentablemente no ha podido respaldar esas iniciativas por la limitante de recursos.

Señaló que el Bagrícola tiene un enfoque de respaldar con financiamientos las iniciativas para el desarrollo sostenible del campo, pero que lamentablemente la institución está obligada a prestar estrictamente para la producción de alimentos de ciclo corto para garantizar la seguridad alimentaria a la población.

Informó que en el período enero-agosto del presente año, los préstamos en el campo registraron un aumento de 1.14 por ciento en comparación con el mismo lapso de 2010, cuando pasaron de RD$4,431.4 millones a RD$4,482.0 millones, para una variación absoluta de RD$50.6 millones. Explicó que, sin embargo, la demanda anual anda por los RD$40,000.0 millones.

Abreu Collado señaló que ahora más que nunca se impone que el Congreso apruebe la reforma de la Ley 4314 sobre alquileres propuesta por el Poder Ejecutivo, para permitir a la institución obtener los recursos para financiar la inversión de nuevas tecnologías en el campo, de manera que los productores puedan alcanzar la competitividad en los mercados locales e internacionales

Afirmó que, además, la carpeta de proyectos persigue la generación de divisas, creación de fuentes de empleo y riqueza, así como combatir la pobreza en término general.

El administrador del Banco Agrícola lamentó profundamente la actitud asumida por los senadores, fundamentalmente por la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios del Senado, ya que no han rendido un informe sobre la iniciativa sometida por el Poder Ejecutivo pese al tiempo transcurrido.

Abreu Collado expresó que el Bagrícola está haciendo suya la estrategia integral del Gobierno de buscar alternativas de producción de energía renovable y limpia en vista de los altos precios a que se comercializa el petróleo en los mercados internacionales, pero que no dispone de los recursos necesarios para impulsar ese renglón.

Consideró que el financiamiento en el campo es una cuestión muy seria que no puede confundirse con políticas paternalistas de Estado, sino que es un instrumento de creación de riqueza, incremento de fuentes de empleo, y generación de divisas y que favorece la competitividad de los sectores productivos nacionales.

Indicó que el objetivo mayor del proyecto del Poder Ejecutivo es crear las condiciones para que se cumpla la ley y permitirle al Banco Agrícola captar los recursos financieros por concepto de depósitos de renta de viviendas y locales comerciales, para transferirlos a bajas tasas de interés para actividades económicas y productivas en el campo.

Expresó que la Ley 4314 manda que los avances por alquileres de los inquilinos se depositen en cuentas de ahorro del Banco Agrícola, pero que la mayoría de los propietarios de viviendas no la cumplen.