A cinco años de haberse proclamado la Constitución de 2010, ha sido tiempo suficiente para que los dominicanos seamos testigos de los reales propósitos del diseño constitucional elaborado por el PLD e incorporado en la Carta Sustantiva del Estado. En esencia lo que se hizo fue adornar a las instituciones llamadas a velar por la aplicación de la ley de una serie de principios constitucionales, pero que, en el fondo, fuesen meros mecanismos formales para ser ejecutados conforme a los dictados de los intereses del partido oficial.

La verdad debe ser dicha. El PLD repitió la tradición de otros partidos que han gobernado. Lo hizo el PRSC cuando en 1978 maniobró con el famoso “Gacetaso” para sumarse a una mayoría de Senadores y así controlar la justicia. Lo hizo el PRD cuando en 2002, teniendo el control del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional, auspició una reforma constitucional para imponer la reelección presidencial, quebrando su base social, con un alto costo político, que luego fue reconocido con un “mea culpa colectivo”. Que otros lo hicieran mal, no nos quita calidad para exigir que no se repita el error.

Sin embargo, hay una diferencia clara entre lo que hicieron otros partidos y lo que ha hecho el PLD. La respuesta a la politización de la justicia fue la reforma constitucional de 1994 que auspició la primera gran ola de reformas del Poder Judicial, con el nacimiento del Consejo Nacional de la Magistratura, muy bien recordado. Pero ese diseño que permitió el equilibrio y la concertación de las fuerzas políticas fue enterrado en 2010, cuando se modificó la composición del Consejo, incrementando el control del partido gobernante de los miembros de ese organismo. Se resucitó, entonces, la justicia política.

Si el PLD repite el error del PRD de 2002 de auspiciar, además, la reforma constitucional para permitir la reelección presidencial consecutiva con el “nunca jamás”, será manteniendo el mismo diseño constitucional de 2010, lo cual no puede ser aceptado por el resto de las fuerzas políticas y sociales.

Libre de las pasiones políticas, habrá que, como consecuencia de un pacto político, reformar la Constitución de 2010, para una reingeniería y rediseñar la composición y las estructuras de los poderes públicos. Y sin dudas, la mejor fecha para ello es con posterioridad a las elecciones de 2016, con el nuevo mandato presidencial y legislativo que saldrán de la voluntad soberana de los dominicanos.