El Partido de la Liberación Dominicana no ha ganado limpiamente ninguna de las elecciones en las que ha participado desde 1996. Las de este 15 de mayo no será una excepción. Todo lo contrario, serán las más desiguales y fraudulentas de todas.
Ministros, viceministros, directores, embajadores, cónsules, generales, están diseminados a lo largo y ancho del territorio nacional trabajando para la reelección sin escatimar recurso alguno.
Nunca antes el derroche de recursos públicos había sido tan obvio, tan “a la franca”, ni tan descarado y bochornoso como ahora sin que la JCE, a pesar de estar facultada por la Constitución de la República para impedirlo, haya hecho nada que no sea mirar hacia otro lado.
¿Qué más fraude que la extorsión y el chantaje al 23% de la población inscrita en el padrón electoral que recibe algún tipo de beneficio económico del gobierno? Todos los beneficiarios de los programas existencialistas del Estado son amenazados diciéndoles que deben votar por la reelección, pues de lo contrario les serán anulados. (Tarjeta solidaridad, seguro médico, bono gas, bono eléctrico). Los empleados públicos tienen que asistir a los actos de campaña porque de lo contrario corren el riesgo de ser cancelados. (Y la JCE? ¡Bien, gracias!).
¿Qué más fraude que los dirigentes del PLD y funcionarios repartiendo dinero en las calles sin ningún rubor como se ve constantemente en las redes sociales, sin que la JCE haga nada al respecto? ¿Investigó la JCE las denuncias de uso de recursos de las candidatas esposas de los funcionarios que hizo el periodista José la Luz? ¿Qué más fraude que la advertencia de Danilo cuando aseguró saber por quién votará cada ciudadano? ¿Cómo lo sabe? ¿Acaso el voto no es secreto? ¿Qué dijo la JCE sobre esas expresiones de Danilo? ¿Lo amonestó? ¿Lo invalidó? ¿Lo obligó a retractarse por violar la ley?
Me pregunto, ¿por qué la JCE no impide las inauguraciones diarias del candidato reeleccionista que se convierten en actos de campaña? ¿Por qué no reguló el proceso electoral como lo manda la ley?
La JCE, igual que el TSE, está descalificada. Sí este fuera un país, no una aldea sin regulación, todos los jueces habrían sido sustituidos. La JCE forma parte del tinglado corrupto, mafioso y fraudulento de las elecciones del 15 de mayo.
Con el conteo manual el PLD aplicó múltiples formas de fraude en las elecciones de 2012, lo que le permitió burlar la voluntad popular y seguir en el poder. Ahora, con el voto electrónico, será igual.
La JCE no cumplió con su propio reglamento, ni con el protocolo elaborado el año pasado. No cumple con su propia ley. Sus actuaciones no son independientes ni soberanas. Se corresponden con el interés del PLD de mantenerse en el gobierno.