Hay que suponer que el Ministerio Público investigará de oficio los contenidos de las 18 auditorías publicadas por la Contraloría General de la República en las que se revelan irregularidades administrativas, algunas de las cuales podrían representar tipos de ilícitos penales.

Esos informes de auditoría no han sido divulgados para que sirvan de insumo a espectáculos circenses, sino para que se corrijan falencias en la aplicación de protocolos contables, de leyes sobre contrataciones públicas, pero también para que se apliquen consecuencias que se deriven de inobservancia o negligencia.

Los auditores de la Contraloría General señalan las irregularidades que afloran en cada investigación sobre uso o manejo de fondos públicos en ministerios y direcciones generales, pero son los fiscales los que deberían determinar si se ha violado la ley penal.

Entre las anomalías detectadas figura la declaratoria de urgencia en compras realizadas por una institución de servicio por más de dos mil 200 millones de pesos, pese a estar programada en el Plan Operativo Anual (POA), en contradicción con la ley 340-06 sobre compras y contrataciones y de su propio reglamento interno.

En otra dependencia las irregularidades se refieren al pago de obras no realizadas o no ejecutadas, colusión de empresas, contratos con empresas que tienen funcionarios como accionistas, adquirir equipos viejos y pagarlos como si fueran nuevos y entregar viviendas construidas por el Estado a desconocidos.

En un ministerio se detectaron pagos de nóminas por más de 300 millones de pesos, según la Contraloría con el solo uso del mismo formulario que se utiliza para comprar papel de oficina, y en otra dirección general se distribuyeron entre artistas 55 millones de pesos, sin observar la Ley de Contrataciones Públicas.

Se ha dicho que la mayoría de las instituciones que figuran en esas auditorías procuran subsanar las irregularidades detectadas, pero si de transparencia se trata debería permitirse que el Ministerio Público investigue esos papeles para establecer en cuales casos la puerca retuerce el rabo.

El Gobierno ha actuado con responsabilidad al publicar 18 informes de auditorías, aunque con casi dos años de retraso, que desvelan anomalías contables procedimentales en seis ministerios y doce direcciones generales, pero falta ahora esclarecer cada caso de forma particular, porque de lo que se trata es de mal manejo de fondos públicos o dinero de los contribuyentes.