Fue por no estar debidamente motivadas que el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional dos sentencias de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que rechazan la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso.
La sentencia en cuestión, dictada ayer por el TC, establece que los jueces deben motivar debida y razonablemente las sentencias de rechazo a las peticiones de extinciones de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, que es de tres años, más tres meses establecidos para la tramitación de los cursos.
Los recurrentes alegaron que el tiempo transcurrido superaba ampliamente el límite legal y que desde la solicitud de la medida de coerción habían pasado más de tres años, por lo que entendían que ambos casos debieron ser declarados extinguidos.
En ambos casos, la SCJ rechazó declarar la extinción penal, por considerar que la duración del proceso estuvo influida por actuaciones procesales atribuibles a las defensas, tales como incidentes, recursos y solicitudes que incidieron en su desarrollo.
Sin embargo, el TC estableció que ambas sentencias no fueron debidamente motivadas por los jueces que rechazaron la extinción.
Para la declaratoria de una acción penal en cuestión no basta con que el tiempo calendario haya transcurrido. Los jueces rechazan la extinción cuando existen causas que interrumpen o suspenden dichos plazos, entre ellas maniobras dilatorias de los imputados o sus defensas, puesto que el derecho a un proceso «sin dilaciones indebidas» no ampara a quien provoca el retraso.
Para el rechazo de la extinción penal, los jueces también toman en cuenta las incomparecencias injustificadas de los imputados, los recursos temerarios, la rebeldía y la complejidad de la causa.
Sin embargo, en su sentencia el TC establece que estas causas deben estar debidamente motivadas por los jueces al momento de negar una declaratoria de extinción.
Extinguidos
Actualmente se encuentran en los tribunales varios casos de corrupción administrativa que calendariamente están extinguidos, puestos que llevan más de tres años en proceso sin que hasta la fecha se haya producido una sentencia definitiva.
Entre ellos figuran los casos Medusa, Coral-Coral 5G y Pulpo. En dichos casos, los imputados han alegado la extinción por vencimiento de los plazos legales, pero los jueces han rechazado las citadas peticiones.
Los citados casos se encuentran en peligro de extinción, a pesar de que el Ministerio Público ha reiterado en diversas ocasiones que se trata de expedientes blindados, con cajas de pruebas y argumentos que se suponían irrefutables.
