En no pocas instituciones del Gobierno prevalece el criterio de que no hay que ofrecer mayores explicaciones por actos oficiales que perjudican a la población, ni accionar tinglados administrativos o judiciales en los casos de conculcación de derechos, inobservancia o violación a la ley, bajo el aparente criterio de que el tiempo borra todo.

Un buen ejemplo lo constituye la denuncia formulada el 19 de junio de este año por el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUED), Celso Marranzini, de que un administrador de la Empresa Distribuidora del Este (Edeeste) subió el consumo a los clientes de forma irreal.

Marranzini dijo que esa acción ilegal afectó a 42 mil personas, cuyas facturas eléctricas fueron alteradas en forma engañosa para dar la impresión de que la empresa reducía su déficit operativo, pero nunca se dijo que esa engañifa constituía una estafa agravada que requería la intervención del Ministerio Público.

El caso viene a cuento para compararlo con lo ocurrido en Chile al ministro de Energía, Diego Pardow, quien tuvo que dimitir a su cargo y al gabinete del presidente Gabriel Boric, luego de que se revelara un error de cálculo de las tarifas de energía eléctrica que género un alza en las cuentas de la luz.

En Chile se dijo que el ministerio dirigido por Pardow “incurrió en un error de cálculo”, que causó perdidas a los usuarios del servicio eléctrico por cien millones de dólares, pero aquí se denunció que un funcionario elevó la tarifa en perjuicio de 42 mil personas para hacer creer que la empresa iba bien.

El ministro chileno tuvo que dimitir por duplicar el efecto de la inflación en el cálculo que se hizo a la factura eléctrica, pero en estas tierras de primacías, el titular de Edeste fue cancelado por incrementar el consumo de energía a 42 mil clientes, para hacer creer que su empresa iba viento en popa.

No se tiene conocimiento de que las nuevas autoridades de Edeeste acreditaron el dinero cobrado irregularmente a decenas de miles de clientes o si la destitución del administrador anterior se basta por sí sola para resarcir ese ilícito penal, como debió ser tipificada la denuncia del licenciado Marranzini.

Un error de cálculo en la facturación eléctrica que causó pérdidas por más de cien millones de dólares en Chile obligó al ministro de Energía a dimitir de su cargo en medio de un escándalo político, en tanto que aquí, el denunciado uso de medios fraudulentos para causar un perjuicio económico a la población se castiga con el despido del imputado. El tiempo borra todo.