Estados Unidos confiscó un avión estacionado en un aeropuerto de República Dominicana porque, según el fiscal general de esa nación, Merrick B. Garland, es propiedad del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien lo habría adquirido ilegalmente por 13 millones de dólares para uso suyo y de sus allegados.
El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Markenzy Lapointe, destacó la participación de las autoridades dominicanas “para lograr de manera exitosa la incautación del avión en conjunto con la planificación, coordinación y ejecución del gobierno de Estados Unidos”.
Con su colaboración en esta impetuosa operación que conllevó que un gobierno extranjero incautara en territorio nacional esa aeronave de supuesta propiedad del gobernante de un tercer país, República Dominicana se enreda en camisa de once varas en rol protagónico de la crisis post electoral que agobia a Venezuela.
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el comandante de la Fuerza Aérea, general Floreal Suárez Martínez, dijeron ayer que lo de la incautación de ese avión es un tema de “seguridad nacional” que está en manos de la Procuraduría General de la República.
A reservas de que el Gobierno acepte referirse a tan delicado episodio, sería prudente saber si el Ministerio Público dominicano tramitó por ante un juez la autorización para que Estados Unidos confiscara ese aparato, previa revisión de la documentación que debió presentar el Departamento de Justicia estadounidense.
Es preciso también que la Cancillería dominicana explique el conjunto de diligencias y acciones de salvaguarda que encaminó para garantizar la prevalencia de la soberanía nacional, más aun ante lo dicho por el fiscal federal Lapointe sobre la destacada participación del Gobierno para lograr de manera exitosa la incautación de ese aparato.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos alega que el avión confiscado en suelo dominicano fue comprado ilegalmente a través de una compañía fantasma para uso de Maduro y sus colaboradores, pero aun así el ordenamiento jurídico de aquí otorga de manera exclusiva al juez la potestad para autorizar o rechazar ese decomiso.
Se entiende lo de “asunto de seguridad nacional” invocado por la ministra de Interior y el comandante de la Fuerza Aérea, pero también vale la pena preguntarse si Estados Unidos incautaría ese avión en un hangar de Brasil, Chile, Colombia o México, a sabiendas sus autoridades de las consecuencias políticas que tal acción entraña. El tiempo dirá.
El Nacional
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