La discusión sobre el voto obligatorio es recurrente en América Latina, pero al parecer, ahora nos tocó a nosotros el tema.

La reivindicación en torno a la introducción del voto obligatorio nunca ha tenido resonancia en nuestro país. Si bien es verdad que el debate resurge de vez en cuando, principalmente debido a una caída en la participación electoral, ello no significa que se pueda hablar de una discusión pública intensa.

En el debate sobre el voto obligatorio, tanto los partidarios como los opositores presentan, en primer lugar, argumentos basados en una comprensión normativa del Estado y la ciudadanía.

Los defensores argumentan sobre la base de un deber democrático que el ciudadano tendría que cumplir.
De ello se desprendería, además, una mayor legitimidad de los representantes electos y se fortalecería la igualdad de las elecciones. Más allá de ello, se refiere una serie de argumentos auxiliares que, por lo general, se basan en la suposición de que una alta participación electoral es signo de una buena democracia.

Los opositores argumentan, de igual manera, a nivel moral, pero desde un ángulo sobre todo libertario. En este caso, se pone la libertad de elección en primer plano, o bien, la libertad frente al Estado.

En el caso de República Dominicana no hay dudas que se trata de un tema Constitucional que no basta con la aprobación de una simple ley.

Al mismo tiempo, domina el escepticismo de que la calidad de la democracia mejoraría con el voto obligatorio, puesto que la participación electoral solo puede ser el síntoma de un desarrollo crítico o en crisis y no la solución al problema.

Si en República Dominicana apareciesen síntomas de una crisis de la democracia, estos no podrían remediarse ni siquiera con el voto obligatorio, como nos indica la experiencia de algunos países que lo practican desde hace décadas.

En nuestro país tenemos la experiencia de las dictadura de Trujillo y Balaguer (Los 12 años) donde la «obligatoriedad» del voto sirvió para pseudolegitimar a aquellos en el poder.