La empresa petrolera Chevron rechazó los criterios de la campaña internacional Mano Sucia, que desarrolla el gobierno ecuatoriano del presidente Rafael Correa, a la que considera un intento por distraer la atención pública de los problemas ambientales, sociales y económicos que vive la gente del oriente ecuatoriano, y que, considera, son responsabilidad del Estado y su empresa Petroecuador.
“Es lamentable que los pobladores de la zona sean manipulados por su propio gobierno y por abogados corruptos en esta campaña contra la empresa, una gestión que incluye tours mediáticos a los campos petrolíferos, buscando generar presión internacional para obligar a Chevron a pagar jugoso a abogados corruptos”, dice en una carta dirigida a este periodista desde California.
James Graig, oficial de comunicaciones públicas de la empresa, apunta que Texaco cumplió con sus obligaciones en los años 90 y Chevron hoy busca demostrar la verdad mediante pruebas y hechos que confirman el fraude en el juicio de Lago Agrio.
En referencia al pozo en Aguarico 4, provincia Sucumbíos, que visitó por República Dominicana el autor de este trabajo, a invitación de la Cancillería de Ecuador, Graig dice que la contaminación allí es responsabilidad de Petroecuador, y “ellos mismos lo admiten según su propio plan de remediación”.
Historia del caso
Graig sostiene que Chevron nunca operó en Ecuador y que Texaco Petroleum (TexPet), pasó a ser una subsidiaria de Chevron en 2001, como un socio minoritario en un consorcio de producción petrolera con la compañía petrolera estatal, Petroecuador, desde 1964 hasta 1992.
Recuerda que “después de que TexPet concluyera sus operaciones en Ecuador, y en virtud de un acuerdo con la república, ésta remedió completamente su parte de los sitios de producción. Los sitios que TexPet remedió fueron negociados y aceptados por la República de Ecuador. Después de que la remediación concluyó, ésta fue certificada por el gobierno y TexPet salió del país con una liberación total de parte de la República sobre cualquier responsabilidad ambiental futura”.
La demanda
Sostiene que en febrero de 2011, una corte en Lago Agrio, Ecuador, emitió una sentencia de $18.000 millones contra Chevron, la que fue reducida a $9.500 millones (por una corte ecuatoriana, JRS) en noviembre de 2013.
Destaca que más allá del monto, la sentencia es ilegítima debido a las pruebas documentadas de fraude y acciones no éticas de los abogados de los demandantes así como del gobierno de Ecuador y el sistema judicial en ese país.
Un juez en la mira
Para avalar su acusación de corrupción en la justicia, dice que un ex juez ecuatoriano, Alberto Guerra, quien presidió el caso cuando fue presentado por primera vez en 2003, reconoció su participación directa en la redacción de la sentencia fraudulenta contra Chevron.
Alega se ha comprobado que los reclamos de daños ambientales que subyacen en la sentencia de febrero de 2011 también han sido producto del fraude, indicando: “El 21 de marzo de 2013, los principales consultores ambientales de los demandantes, Stratus Consulting, presentaron declaraciones juradas detallando su conocimiento de la conducta indebida de los abogados de los demandantes y afirmando que no existe mérito científico alguno para las acusaciones contra Chevron”.
Sostiene que Ecuador mantiene una campaña, que incluye tours mediáticos a los campos petrolíferos, busca generar presión internacional para obligar a Chevron pagar a abogados corruptos.
Texaco cumplió con sus obligaciones en los años 90 y Chevron hoy busca demostrar la verdad mediante pruebas y hechos que confirman el fraude en el juicio de Lago Agrio. “El mismo pozo que usted visitó, en realidad es responsabilidad de Petroecuador”, dice la misiva a José Rafael Sosa.
UN APUNTE
Perspectiva de Ecuador
El gobierno constitucional ecuatoriano del presidente Rafael Correa argumenta haber lanzado su campaña La Mano Sucia de Chevron, en respuesta a la financiada por la empresa petrolera a fin de evadir su responsabilidad, tras haber adquirido a Texaco, por la contaminación ambiental dejada en la Amazonía ecuatoriana. El pasado miércoles 21 de mayo se convocó el Día Internacional contra Chevron.
Sostiene que la empresa solicitó, con motivo de una demanda de ciudadanos ecuatorianos ante una corte de Nueva York, ser juzgada en Ecuador y que se le complació, resultando condenada. Actualmente el caso se encuentra en la Corte Internacional de Arbitraje de La Haya.
