Esta es una pregunta que siempre me asalta cuando se producen, situaciones como las provocadas por los pronunciamientos del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, y la secretaria de estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, en torno a cómo deba el gobierno dominicano resolver asuntos relativos a políticas y leyes en materia de inmigración.
Tales intromisiones ocurren cada vez con mayor frecuencia, constituyéndose en agresiones sistemáticas, llevadas muchas veces a foros internacionales, aun cuando son asuntos de competencia de las políticas migratorias de la República Dominicana.
Esta última arremetida llama más la atención por la posición jerárquica que ocupan sus voceros en el ámbito internacional. Aquí cabe preguntarse: ¿Por qué es tan importante para el señor Insulza y para la señora Clinton, ocuparse de la política migratoria interna de un país pequeño entre los pequeños, como es con toda su dignidad la República Dominicana?
Pero además, ¿con qué derecho vienen a trazar directrices en una materia de estricta competencia interna? ¿Con qué autoridad moral pretenden imponer la conducta a seguir en problemas tan complejos y desconocidos para ellos como son los de las relaciones dominico-haitianas?
Considero que esas declaraciones y la labor de quienes las han provocado forman parte de una reiterada campaña encaminada a dañar la imagen del país, a disminuir su moral y a lograr avances en propósitos cada vez menos disimulados.
En este caso la responsabilidad principal recae en las autoridades dominicanas por mantener un comportamiento vacilante, inconsistente y hasta cierto punto de permisibidad que deja en indefensión al país cuando es su deber velar por los legítimos intereses de la República Dominicana Y en consecuencia repeler y contrariar sin miedo, y al instante cualquier forma de intromisión en lo que es solo de nuestra competencia como país soberano.
¿Han calculado nuestras autoridades las consecuencias que para la nación dominicana acarrean la pusilanimidad y el silencio culpable en materia como ésta?
Y en ese orden también cabe la pregunta: ¿Cuál es el concepto de diplmacia que opera en dominicana?
En este aspecto, hace ya bastante tiempo que echo de memos una política exterior firme y consistente, que no se deje sustituir, ni manipular, que encare y encarne con mayor dignidad ante el mundo, especialmente en foros internacionales, los intereses de la nación dominicana, como corresponde.
Pero no ya solamente por la imagen del país, lo cual es muy importante y justifica la diplomacia, sino por salir al paso de acusaciones falsas, las cuales carecen de fundamento y caen por su propio peso, con sólo recorrer las calles de cualquier ciudad o pueblo del país y observar la cantidad de nacionales haitianos que transitan y trabajan en los más variados quehaceres, a todo lo largo y ancho de este territorio.
Es preciso reiterar la responsabilidad del Estado en velar por el buen nombre de la nación dominicana y en consecuencia, conociendo que persisten las estrategias contra como reiteradamente queda demostrado, es absolutamente necesario que así como sus detractores planifican estrategias de descrédito, también la diplomacia dominica establezca mecanismos de respuesta, defensa, que frenen o al menos contrarresten estos denuestos. no podemos continuar a merced de quienes quieran lanzar infamias contra el país, en función de sus marcados intereses y en oposición a los legítimos intereses nacionales.
Es perentorio confrontar el chantaje con la verdad, expresada con la actitud y con el lenguaje que logre desvanecerlos y desenmascararlos. Y estamos a tiempo.
Pero además, ¿por qué, quienes con elevado grado de patriotismo hacia su país o por amplia solidaridad, hacen denuncian contra la República Dominicana, no defienden los derechos de millones de haitianos en el propio territorio de Haiti? ¿Por qué las energías e inteligencia que aquí aplican, no las emplean para incorporar a la lucha a favor de Haití a miles de haitianos muy capacitados con recursos suficientes, pero que viven fuera de su país?
¿Hasta adónde pretenden obligar a un país pobre como República Dominicana a seguir asumiendo la problemática social de Haití?
Y en lo que respecta a la República Dominicana, ¿cuáles son las organizaciones de esta sociedad civil saldrán en defensa del derecho que le asiste al pueblo, Y al Estado dominicano de autoregirse por sus propias leyes?
Los representantes del Estado dominicano que han sido convocados por la OEA, a una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, no sólo deben tener firmeza y dignidad en la alta misión de la defensa de los intereses nacionales.
