Por más graves que sean, después de más de un año en el poder no solo caen mal, sino que pierden crédito frente a la población las denuncias de irregularidades en la administración pública.

En casos como el supuesto pago de 12 millones de pesos efectuado de manera irregular por el pasado Gobierno al PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), el director de Presupuesto, José Rijo, ha debido hablar de acción judicial.

El caso es gravísimo, si es como ha revelado. Según Rijo se detectó una irregularidad en la transferencia de fondos al PNUD en el Gabinete de Política Social “para pagar nómina por fuera, al margen del sistema salarial”.

Desde que el presidente Luis Abinader asumió el poder las denuncias de irregularidades han abundado al por mayor y detalle, pero los expedientes han escaseado.

Hoy no parece que la población confiera mayor crédito no solo a las denuncias, sino, por la retahíla de cabos sueltos, hasta a algunas acciones judiciales que se han encaminado para establecer responsabilidades. El director de Presupuesto ha hecho una revelación grave, pero si se trata de una violación no tiene más que recurrir a los tribunales.