La caseta levantada de manera ilegal en las dunas de Baní, que el Ministerio de Medio Ambiente ordenó derribar, deja más de una interrogante sobre la seguridad en las áreas protegidas.

Es inconcebible que nadie se percatara de la construcción ni de la colocación de estacas en una amplia franja hasta que la prensa se hizo eco del atentado ecológico.

De no ser por la vigilancia de los medios hace tiempo que la reserva estuviera arrabalizada, porque las autoridades parece que no cuentan con medio alguno de supervisión.

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Al menos que cumpla con las responsabilidades de evitar construcciones y extracción de agregados en áreas prohibidas. Mucho se ha hablado de militarización y otras medidas para prevenir que particulares destruyan o se apropien de una reserva que por sus características ha sido declarada patrimonio ecológico.

Tras la construcción, que en principio se dijo que había sido con la anuencia de Medio Ambiente, las autoridades emplazaron al propietario a demolerla cuanto antes so pena de ser traducido a los tribunales. Lo aconsejable era evitar que se levantara la caseta y se hicieran las demarcaciones.

O en su defecto recuperar la zona con las medidas que establecen las leyes. Se presta hasta a sospecha que nadie se diera cuenta de las irregularidades que ahora se enfrentan.

Una exhaustiva investigación podría no solo despejar las incógnitas, sino hasta establecer responsabilidades en torno a una violación que es difícil de entender.