Sin proponérselo, República Dominicana está en el ojo de la tormenta que supone la confiscación aquí por Estados Unidos del avión presidencial de Venezuela. Pero en torno a la confiscación, que el Gobierno venezolano ha calificado de piratería, gravita un elemento que, de ser cierto, compromete de alguna manera a las autoridades dominicanas.

La nave, incautada en el aeropuerto de El Higüero, habría sido adquirida de manera ilegal en Estados Unidos y traída a República Dominicana para mantenimiento. Se estableció que el avión llevaba cinco meses en territorio dominicano.

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Las autoridades estadounidenses, que basan su decisión en que en torno a la aeronave se violaron sanciones y leyes de control de exportación, sostienen que fue comprada de manera ilegal a través de una empresa fantasma y sacada de contrabando del país.

Se ha alegado que el Gobierno dominicano carecía de registro sobre la permanencia en el país del avión venezolano. Como oficialmente nadie sabía nada, las interrogantes que despiertan la presencia y mantenimiento aquí de la aeronave demandan una exhaustiva investigación para establecer responsabilidades.