En un mundo hiperconectado, donde la información viaja más rápido que nunca y donde la opinión pública se forja y se distorsiona, en tiempo real, cada vez más países están dando un paso hacia la regulación de las redes sociales.

Y aunque esto puede despertar miedos legítimos sobre la libertad de expresión, también plantea una pregunta urgente: ¿hasta cuándo se puede seguir dejando el espacio digital sin reglas claras?
Las grandes plataformas como Facebook, X (antes Twitter), Instagram, TikTok o YouTube han operado con una autonomía que roza la extraterritorialidad, mientras se han convertido en árbitros del discurso global sin rendir cuentas a marcos jurídicos locales.

Sin embargo esto está cambiando. La Unión Europea, con su Ley de Servicios Digitales (DSA), Brasil con su Marco civil da Internet, y más recientemente Canadá, Australia y la India, han iniciado procesos de regulación que buscan poner límites y responsabilidades concretas sobre estas empresas.

En el caso europeo, la DSA establece obligaciones claras en torno a la moderación de contenido, la transparencia algorítmica y la rendición de cuentas. Lo hace sin intentar censurar la libertad de expresión, sino evitando los abusos que se generan cuando los algoritmos privilegian la polarización, la desinformación o el odio, porque son rentables.

La necesidad de regulación no surge de un capricho estatal, sino de realidades contundentes, como la desinformación masiva, donde se ha convertido a las redes sociales en una vía rápida para propagar noticias falsas con consecuencias reales.

El impacto en la salud mental a través de la presión social, la adicción al «scroll» y la exposición constante a imágenes distorsionadas de la realidad están afectando especialmente a adolescentes y jóvenes, mientras se premia lo que genera clics, no lo que informa o enriquece.

Regular no es sinónimo de censurar. Pero sí es un terreno delicado. Por eso, la regulación debe ser independiente, técnica y respetuosa de los derechos humanos.

La clave está en encontrar un equilibrio entre proteger a la ciudadanía y mantener la libertad creativa del ecosistema digital.

No hacer nada también es tomar partido. Es permitir que las plataformas y sus algoritmos sigan moldeando la conversación pública sin transparencia ni responsabilidad.
Las redes sociales ya no son simples plataformas tecnológicas: son actores sociales y políticos.
Y como tales, deben ser sujetos de normas claras.