Lima.- El Gobierno de Perú enviará al Tribunal Constitucional (TC) la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que ordenó la semana pasada que no se ejecute la liberación del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), informó este lunes el primer ministro, Alberto Otárola.

“Efectivamente, existió una medida de urgencia expedida por la Corte Interamericana, la misma que vamos a trasladar al Tribunal Constitucional para que este se pronuncie de acuerdo con sus facultades”, sostuvo Otárola en una rueda de prensa ofrecida tras la reunión del Consejo de Ministros.

El primer ministro señaló, además, que el Ejecutivo cumplió la semana pasada con “el mandato constitucional” de liberar a Fujimori, porque este provino de una “resolución expresa” del TC.

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“Esa es la obligación de todas las autoridades, no gusten o no nos gusten las resoluciones que dicte el TC este es el último ente de control constitucional que, jerárquicamente, es un alto tribunal cuyas resoluciones no tienen sino que ejecutarse y acatarse”, sostuvo.

Otárola también dijo que el gobierno que preside Dina Boluarte “en este momento no es parte de este proceso”, sino que “simplemente ha ejecutado una disposición, una resolución del más alto órgano de control de la Constitución sobre el caso del ciudadano Alberto Fujimori”.

Al referirse a un pedido de nulidad de la resolución que ordenó la excarcelación de Fujimori que ha presentado un miembro del TC, Otárola dijo que el Ejecutivo va “a esperar” la resolución que el organismo tome sobre esa solicitud.

“Cuando el tribunal se pronuncie sobre ese asunto podremos tomar la decisión que la Constitución y los convenios internacionales establecen”, concluyó.

Este lunes, el magistrado Manuel Monteagudo solicitó anular el fallo que permitió la liberación de Fujimori al considerar que la decisión incurrió en “una objetiva causal de nulidad, al haberse pronunciado sobre un asunto que en ningún momento fue sometido a conocimiento o deliberación del pleno”.

El exgobernante (1990-2000) fue puesto en libertad el pasado miércoles en cumplimiento de una orden del TC publicada el 4 de diciembre, a pesar de que la CorteIDH pidió a las autoridades peruanas que se abstuvieran de hacerlo.

El Constitucional había ordenado la liberación del exmandatario con una resolución que fue firmada por tres de sus actuales seis miembros, con el voto dirimente del presidente del organismo, Francisco Morales.

La decisión declaró fundado “el recurso de reposición en el extremo de la ejecución directa e inmediata de la sentencia del 12 de marzo pasado”, lo que restituyó de manera definitiva el indulto que concedió a Fujimori, en diciembre de 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.

En abril de 2022, la CorteIDH ordenó a Perú abstenerse de aplicar una sentencia de ese año del TC que ratificaba el indulto, pues era contraria a las sentencias del tribunal internacional en los casos de las masacres de La Cantuta y Barrios Altos, por los cuales el expresidente fue condenado a 25 años de cárcel.

Tras abandonar la prisión de Lima en la que cumplía la condena a 25 años de cárcel que se dictó en 2009 en su contra por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, así como por el secuestro de un periodista y un empresarios, Fujimori permanece desde la semana pasada en la casa de su hija Keiko.