El gobierno comenzó a medir el avance en el cumplimiento de la ley que regula la transferencia de recursos de los contribuyentes desde sus ministerios que en estos momentos ascienden a unos mil 400 millones a las asociaciones sin fines de lucro, estimadas en mil 600 a nivel nacional.

Con ese objetivo tuvo lugar una reunión de vice ministros técnicos y administrativos convocados al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, institución que preside el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro, informó este viernes la Unidad de Comunicaciones del Ministerio de Economía.

De manera específica se trató sobre la habilitación o certificación, que es un proceso mediante el cual los ministerios que otorgan fondos a las organizaciones no gubernamentales determinan cuáles cumplen con las condiciones técnicas y administrativas mínimas para prestar los servicios de contrapartida a los fondos públicos recibidos en un área o sector, como establece la Ley 122-05.

El encuentro lo encabezó el vice ministro de Planificación del Ministerio de Economía, Juan Monegro, acompañado de Hernán Paredes, director ejecutivo del Centro, y Pascual Valenzuela, vice ministro para las relaciones con la sociedad civil.

Monegro recordó al auditorio la prioridad del gobierno de mejorar de manera sustancial la calidad del gasto público y la correcta fiscalización de los recursos asignados en la Ley de Presupuesto General del Estado.

Mientras que Paredes manifestó el deseo del Centro de trabajar de manera ardua y de la mano con todas las instituciones públicas responsabilizadas de la correcta aplicación de la Ley 122-05.

También participó el vice ministro administrativo de la Presidencia, Máximo de Soto, la dependencia gubernamental que cuenta con la mayor cantidad de organizaciones no gubernamentales registradas.

El ministerio de Salud Pública estuvo representado por su vice ministro de Planificación, Virgilio Cedano y por el director general de Habilitación y Acreditación, Anulfo López.

La directora de Alianza ONG, Addys Then, y el director de Insalud, Nicómedes Castro, cuya institución ejerce la secretaría del Centro, presentaron el proyecto Desarrollo de Capacidades para la implementación de la Ley 122-05.

Este proyecto es financiado por la embajada de Canadá y con participación del Ministerio de Economía, y su objetivo es asesorar a los ministerios gubernamentales en el diseño e implementación de los mecanismos de habilitación o certificación que manda la Ley.

A la reunión asistieron además la directora de Participación Comunitaria del Ministerio de Educación, Luisa Mateo, quien explicó el grado de avance en la implementación de la Ley en sus respectivas instituciones y se comprometió a trabajar de manera conjunta con el Ministerio de Economía para lograr el correcto funcionamiento del Sistema de Regulación y Fomento de las Asociaciones Sin Fines de Lucro.

Al encuentro concurrieron también representantes de los ministerios de Medio Ambiente y de la Mujer así como de la sociedad civil.