Los principales directivos de la corporación inmobiliaria Delta Intur, S.A., y de otras firmas comerciales vinculadas deberán responder ante los tribunales por una querella penal interpuesta por más de 175 personas y sociedades, bajo la imputación de distraer más de mil 500 millones de pesos depositados en esas entidades a través de bonos corporativos y papeles comerciales.

En rueda de prensa el pasado lunes en la Suprema Corte de Justicia, el consejo de abogados de los querellantes confirmó que la acción legal fue incoada contra Leonardo Sánchez Heredero Álvarez, Mariano Vallejo Martín, José Ignacio Martín Moina, Francisco Cerén y Julio José Vega López.

De acuerdo a la querella, el grupo deberá responder ante los tribunales por los cargos de violación de los códigos Penal y el Monetario y Financiero, la Ley de Mercado de Valores y la Ley sobre Mercado y Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada.

La querella por estafa y abuso de confianza está a cargo de los abogados Luis Miguel Rivas, Eric Raful Pérez, Santiago Rodríguez, Gustavo Biaggi, Lincoln Hernández Peguero, Hipólito Herrera Vasallo, Laura Acosta Lora y Jesús Almánzar, quienes participaron en una rueda de prensa para explicar los detalles de la querella.

Erick Raful Pérez, vocero de los obligacionistas y tenedores de bonos afectados por la irregularidad, agradeció la receptividad de la fiscal del Distrito, Yeni B. Reynoso, frente a sus reclamos. Sin embargo, se quejó de la Superintendencia de Valores, ya que aún no ha tomado acción contra Deltur.