Las desafortunadas expresiones de representantes del Congreso, a partir del estropicio en que convirtieron la reforma al Código Penal dominicano, hacen pensar en la calidad de nuestra democracia y sus instituciones fundamentales.

La democracia dominicana se fundamenta en tres poderes, Ejecutivo, Judicial y Legislativo y este último, no debate sustancialmente sobre políticas públicas para que haya soluciones convertidas en leyes capaces de fortalecer los deberes y derechos de las personas en este país.

(Para la encuesta del Latinobarómetro de finales de 2018, el pueblo dominicano tenía un 20% de confianza en su Congreso, una situación que no parece haber cambiado y que, de medirse ahora, probablemente caería a su mínima expresión, y eso, es grave).

Como dice la mexicana Margarita Jiménez Badillo, Doctora en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca, en su ensayo “Gobernando sin mayorías parlamentarias en América Latina”: “No obstante, el avance democrático en América Latina, la ciudadanía sigue demandando un rendimiento de las instituciones para elevar su calidad de vida.

En este amplio espectro en el que se incluyen aspectos políticos, económicos y sociales, se hace necesario reflexionar acerca de qué tan eficaces son las instituciones políticas no sólo en mantener la gobernabilidad democrática sino para tomar decisiones orientadas a aumentar la calidad de la democracia”. Así estamos en República Dominicana.

Es mandatorio pensar en que siguen fallando los partidos políticos y en cuál es la presencia de estas agrupaciones –democráticas- en el equilibrio de fuerza necesario para lograr la gobernabilidad y, sobre todo, si son vías fundamentales de articulación política con la sociedad.

Es el mismo Congreso que nos muestra, también en estos momentos, que no hemos superado las estructuras clientelares, cuando apenas el día 23 pasado, la Cámara de Diputados publicó una nueva licitación pública para la adquisición de canastillas de bebés y mosquiteros para uso de la institución. Solo a días del escándalo de las desafortunadas actuaciones con el Código Penal y la afrenta de las declaraciones públicas y reiteradas –porque la estupidez del sentirse poderosos no tiene límites- de algunos de los congresistas.

No hay una estructuración ideológica del sistema de partidos y mucho menos contenido teoría o filosofía política en esas organizaciones por lo que, las negociaciones, no tienen un fin común en el bienestar del pueblo sino en las conveniencias personales y grupales, en el enriquecimiento por la corrupción, desde instituciones de muy débil institucionalización en las que, sus representantes, solo se defienden a sí mismos.

Es hora de pensar seriamente.