La Constitución establece que la educación preuniversitaria es, además obligatoria, un derecho. Específicamente señala que la educación es un derecho de todas las personas, sin discriminación y con limitaciones basadas en aptitudes, vocación y aspiraciones. Pero esa es una prerrogativa que a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) le da tres pitos y que, para colmo, las autoridades han sido incapaces de hacer que se cumpla.

Eso de que toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, gratuita y permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades no es más que un mero postulado que las huelgas de la ADP y los bajos índices de los estudiantes en las evaluaciones internacionales desmienten en la práctica. Y para más desconcierto sin que las autoridades, apoyadas en la propia ley, hayan sido capaces de tomar el toro por los cuernos.

Convertido en sindicalista y político, el maestro, penosamente, hace tiempo que se apartó de su misión de enseñar. Los educadores, carentes totalmente de vocación, declaran huelgas e interrumpen por la docencia para demandar la construcción de planteles, simplificar las evaluaciones de desempeño, reparación de caminos vecinales, libertad sindical, pero ni por asomo para reclamar materiales didácticos ni compensaciones que se correspondan con sus aportes a la educación.

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Tan desastrosa ha sido la incidencia de la ADP en el sistema de enseñanza, que según una recopilación de la periodista de este diario,

Pilar Moreno, en el recién iniciado año escolar ya se ha perdido un 36.6 % de horas de clases en planteles de las provincias Duarte, Monseñor Nouel, Azua, Santo Domingo, San Juan de la Maguana, San Pedro de Macorís y Barahona. Ante el panorama deja mucho que desear que las autoridades de Educación se limiten a informar y condenar en vez de tomar acciones para que el maestro cumpla con su misión y respete el derecho a la enseñanza.

A la ADP, que tiene pleno derecho a defender los intereses y velar por mejores condiciones para los maestros, no se le puede permitir bajo ninguna circunstancia que en aras de la libertad sindical se convierta en un obstáculo para el sistema de enseñanza.

El costo que ya ha tenido que pagar el país por las interrupciones y la baja calidad, ensombreciéndose las perspectivas de desarrollo, son muy elevados para seguir con la misma tolerancia. O en resumen: dejar hacer y dejar pasar.