El presidente Luis Abinader esbozó antier el conjunto de modificaciones a la Constitución que propondrá a la Asamblea Revisora partir del 16 de agosto, que incluye unificar las elecciones presidenciales, congresuales y municipales, reducir la cantidad de diputados y blindar el nunca más después de una reelección.

También se incluirá una propuesta de reforma en la Carta Magna para que el procurador general de la República sea designado por el Consejo Nacional de la Magistratura de una terna presentada por el jefe del Estado, con lo cual el Ejecutivo mantendría influencia directa con ese funcionario, aun en condición de inamovible.

Aunque en encuestas promovidas por el Presidente a través de su cuenta de WhatsApp, las iniciativas de modificación constitucional resultaron bien valoradas, en ámbitos jurídicos y políticos aflora la duda de si resulta útil o necesario trastocar ahora al Texto Sustantivo.

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Para evitar que un mandatario intente perpetuarse en el Poder, el proyecto presidencial plantea ampliar el artículo 268 sobre forma de Gobierno, que establece que “Ninguna modificación a la Constitución podrá versar sobre la forma de gobierno que deberá ser siempre civil, republicano, democrático y representativo”.

Se propone agregar a ese artículo que la modificación “tampoco podrá versar sobre las reglas de elección presidencial establecidas en el artículo 124 de esta Constitución”, que señala que el Presidente es electo por cuatro años y podrá optar por un segundo período consecutivo, sin poder postularse jamás a ese cargo ni al de vicepresidente.

La reducción del número de diputados, de 190 a 137, presenta la disyuntiva de aplaudirla por el ahorro que conlleva u objetarla porque debilita al Poder Legislativo, al disminuir su representatividad e influencia poblacional, frente a un Poder Ejecutivo macrocéfalo en términos de burocracia.

La socialización de un tema tan relevante como lo es la propuesta de unificación de las elecciones no debería limitarse a encuestas de WhatsApp, más aun cuando los argumentos expuestos se refieren a “optimización de recursos”, “eficiencia del proceso» y “fatiga electoral».

Sin pretender degradar la importancia de la entusiasta iniciativa de modificación a la Constitución, es menester advertir que República Dominicana tiene por delante grandes, graves y urgentes retos económicos y sociales que requieren la máxima atención de los poderes públicos y la sociedad toda, bajo el liderazgo del presidente de la República, a quien no le está permitido distraerse.