La suspensión de la docencia, como el caso de las tres semanas que llevan paralizados 78 centros de enseñanza de Azua, en perjuicio de más de 1,500 estudiantes, se erige en uno de los principales desafíos del nuevo ministro de Educación.

La huelga ha sido en base a un llamado de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en reclamo de la designación de 155 docentes, como supuestamente se había acordado con las autoridades de Educación.

El próximo ministro de la cartera, Luis Miguel De Camps, tendrá que actuar con la ley en las manos para controlar la anarquía si no quiere salir, como sus antecesores, achicharrado en su gestión. No hay forma de mejorar la calidad de la enseñanza con las suspensiones prácticamente deportivas de la docencia patrocinadas por la ADP.

No puede ser que por el reclamo más baladí el recurso del gremio sea suspender la docencia sin que las autoridades procedan en consecuencia.

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De Camps, quien llega al Ministerio de Educación tras su experiencia en la cartera de Trabajo no puede tolerar los atentados al derecho a la enseñanza. Lo de Azua cuestiona el principio de autoridad en el sistema educativo.