La Superintendencia de Bancos (SB) asumió el control del Banco las Américas (Bancamérica), cuya disolución fue dispuesta por resolución de la Junta Monetaria, al incumplir requerimientos de retornar depósitos mantenidos en el exterior, aumentar el capital, fortalecer sus métodos de cobranza y controles internos.

El órgano supervisor aplicará el protocolo establecido en la ley 183-02, que establece la causa de disolución de una entidad financiera, después de comprobar que ese banco múltiple no subsanó la exigencia principal de repatriar depósitos mantenidos en entidades extranjeras vinculadas a accionistas de ese banco.

Se resalta que la vigencia de ese plan de regularización data de 2019, sin que el directorio de Bancamérica cumpliera con los requerimientos esenciales señalados por la Superintendencia de Bancos, razón por la cual la Junta Monetaria dispuso mediante su segunda resolución iniciar la fase de disolución.

Ese banco apenas representa el 0.13% de los activos del sistema financiero nacional y el 0.34 de los depositantes, así como el 0.13 de los deudores, por lo que su disolución no implica riesgo de contagio en la banca.

Lo que procede ahora es que la SB gestione que los activos y pasivos (créditos y depósitos) de Bancamérica sean transferidos a otra entidad de intermediación financiera mediante un proceso de licitación, dentro de los próximos 30 días.

El 98.1% de los depositantes del banco en proceso de disolución tendría asegurada la devolución de sus ahorros que estarían por debajo del umbral de los $1,860,000.00, el monto de cobertura implícita fijada por la Junta Monetaria, quienes deben validar sus depósitos y otras acreencias en esa entidad.

La fortaleza del sistema financiero nacional está fuera de duda con resultados de desempeños por encima de los estándares marcados por los órganos de regulación y supervisión, por lo que este caso debería asumirse como una situación aislada y desagradable.

La Superintendencia de Bancos cuenta con las herramientas jurídicas y el personal técnico calificado para asumir con eficiencia el proceso de disolución del banco, sobre el cual la Junta Monetaria y el órgano supervisor han comprobado que incumplió el pan de regulación que asumió en 2019. Que sirva también esta experiencia para que las autoridades revisen calidad y probidad de actores y capitales al momento de conceder licencias para operar entidades financieras.