En Haití quienes mandan son las pandillas, que matan a indefensos, secuestran, destruyen propiedades, siembran terror y dañan la economía en sentido general.

Desde hace décadas Haití está entre los países más pobres del mundo. Y esa pobreza se incrementa cada vez más. Hoy día sus niveles de pobreza e insalubridad solo pueden ser equiparados con naciones del África, con la desventaja de que Haití carece de instituciones y de autoridades.

Ante la realidad de Haití es lógico que por sobrevivencia sus nacionales vengan a Dominicana. Sin embargo, el número de haitianos es muy elevado, lo que representa una amenaza para la soberanía.

Se impone la aplicación inmediata de la Ley 285-04, que trata el tema migratorio. Esa ley faculta a las autoridades a sacar del país a todo extranjero que se encuentre en situación ilegal, máxime a los haitianos que empiezan a ser un peligro para el país.

Y aplicar la ley respetando derecho, echando a un lado valores racistas y xenófobos de dominicanos que confunden el patriotismo con antihaitianismo.

Es pérdida de tiempo acudir a la ONU. Nunca ha resuelto nada, pero se considera con derecho a trazar pautas, empezando por Estados Unidos, que aplica sus leyes migratorias sin rendir cuenta a nadie.

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Pero el temor de palacio no se limita a Estados Unidos y a la Unión Europea, sino al empresariado, el mayor empleador de haitianos ilegales, sin derecho a reclamar nada, que trabajan en la construcción, en la agropecuaria y en otros renglones. Es un sueño pensar que Abinader tome medidas que afecten a sus aliados de clase.

Inclusive nada se hace ante la mafia militar en la frontera. Los oficiales se han hecho multimillonarios, dejando pasar a haitianos, armas de fuego, vehículos robados de lado y lado y drogas narcóticas.

Solo hay que aplicar la ley y desmantelar la mafia en la frontera. Es un desatino la idea de intervenir para ofertar de patriotismo y tratar de garantizar la reelección, como ha sugerido un asesor gubernamental.