La Junta Central Electoral (JCE) expresó “su más profundo y contundente rechazo” por el ingreso de vehículos con propaganda del partido oficialista a la sede del Décimo Tercer Batallón de Infantería del Ejército, en Azua, en violación al artículo 252 de la Constitución, que establece que las Fuerzas Armadas son apartidistas.
Ante la gravedad de ese proceder, captado en fotografías, la JCE ha advertido a “todos los miembros activos de los institutos castrenses y de la Policía, así como funcionarios y empleados de organismos electorales” que la ley les prohíbe difundir propaganda electoral.
Aunque el alto mando militar dispuso el traslado de los comandantes que permitieron el ingreso al recinto del Ejército de una caravana de vehículos con propaganda alusiva a candidatos del Partido Revolucionario Moderno (PRM), se requiere un compromiso mayor del Ministerio de Defensa, de que un caso similar no se repetirá.
No hay forma de explicar que hileras de vehículos participantes en caravanas electorales ingresen a un cuartel militar sin autorización de sus autoridades, pero también debería investigarse si algunos se abastecieron de combustibles o si se trató de una parada proselitista en ese cuartel.
Tal y como precisa el órgano rector en materia de administración y organización de los procesos electorales, “las Fuerzas Armadas están sujetas al orden constitucional y legal vigente y, por consiguiente, deben cumplir su rol y permanecer al margen de toda actividad política”.
La democracia dominicana guarda recuerdos amargos sobre lo que ha significado la intromisión de militares y policías en campañas electorales, todas las cuales han sido tintadas por la maldición del fraude o de la violación a derechos constitucionales de partidos y electores.
Hace bien la JCE al exhortar al liderazgo partidario a no propiciar ni permitir injerencia de tipo político en los cuarteles y demás instalaciones militares, como también es oportuno su llamado a las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas a evitar la repetición de lo acontecido en la Tercera Brigada del Ejército.
La ocasión resulta propicia también para respaldar a la Junta Central Electoral en su reclamo a funcionarios del Gobierno de abstenerse a utilizar recursos públicos para obtener ventajas de candidaturas, como se ha denunciado de manera reiterada. Se aconseja no jugar con candela.
