La violencia y la inseguridad en los planteles escolares justifican la instalación de esas cámaras y equipos biométricos que al menos las filiales de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en Salcedo y San Francisco de Macorís objetan como un atentado a la privacidad.

Además de los asaltos y robos en algunos centros de enseñanza se ha denunciado la distribución de drogas narcóticas. Las cámaras no son para espiar la privacidad de estudiantes y profesores, sino para controlar las actividades en los planteles.

Con la objeción tal parece que la misión de la ADP es oponerse a todo lo que pueda contribuir a la seguridad y el orden en los planteles. Es posible que en el país no exista una sola oficina, pública o privada, que carezca de cámaras de vigilancia.

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La oposición de la ADP a los adelantos tecnológicos explica el bajo nivel en la calidad de la enseñanza. Los equipos son una necesidad para controlar los movimientos y prevenir la violencia y las infiltraciones en los planteles.

Por la oposición de filiales de la ADP el proyecto no debe detenerse. Al menos tranquiliza que las filiales no hayan amenazado con suspender la docencia para rechazar las cámaras.