El año 2026 no será un período cualquiera para la Junta Central Electoral (JCE). Será, más bien, una prueba de madurez institucional, en la que en el centro de ese desafío se encuentra la implementación de la nueva cédula de identidad y electoral, un proceso que trasciende lo administrativo y toca el corazón mismo de la democracia dominicana.

La nueva cédula no es solo un documento renovado; es la puerta de entrada a una relación distinta entre el Estado y la ciudadanía, la identidad es la llave para ejercer derechos civiles y políticos, acceder a servicios públicos y participar plena mente en la vida democrática; modernizar este instrumento implica asumir con responsabilidad temas tan sensibles como la seguridad de la información, la inclusión social y la confianza institucional. En ese sentido, resultan alentadores los pasos que ha venido dando la JCE.

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La acreditación como autoridad certificadora de la firma digital, el inicio de la calibración y personalización de las primeras máquinas que imprimirán la nueva cédula y la alineación de este proyecto con el Plan Estratégico Institucional 2024–2028 evidencian que no se trata de una iniciativa improvisada.

Hay planificación, visión de largo plazo y una clara apuesta por colocar la identidad ciudadana a la altura de los tiempos tecnológicos. Lejos de partir desde cero, la JCE ha venido desarrollando un proceso activo de diálogo y socialización con los distintos sectores de la vida nacional.

Reuniones con partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, líderes sociales y otros actores institucionales han permitido explicar con anticipación el alcance, las características y los beneficios de la nueva cédula.

Este esfuerzo de apertura y escucha fortalece la legitimidad del proceso y demuestra que la modernización de la identidad se está construyendo con participación, transparencia y sentido democrático.

Más que un reto exclusivo de la JCE, la implementación de la nueva cédula debe asumirse como un proyecto país. La ciudadanía, los partidos políticos, la sociedad civil y el sector privado están llamados a respaldar este proceso con una actitud responsable y constructiva. Apoyar no significa renunciar al escrutinio, sino comprender que la modernización de la identidad es un compromiso colectivo que fortalece el sistema democrático en su conjunto.

Cuando los actores políticos acompañan con madurez y la ciudadanía participa con confianza, el resultado trasciende a la institución ejecutora y se convierte en un logro de toda la sociedad dominicana.

De cara a 2026, la JCE tiene una oportunidad histórica de enviar un mensaje claro: que las instituciones pueden modernizarse sin perder credibilidad, que la tecnología puede estar al servicio de la democracia y que la identidad ciudadana puede convertirse en una base sólida para un Estado más eficiente y confiable.

Pablo Vicente
fujudel@gmail.com