Los partidos opositores que conforman la Alianza Rescate RD han vuelto a la Junta Central Electoral (JCE) a reiterar el cumplimiento de los 35 puntos de garantías que ellos entienden deben cumplirse para celebrar un proceso electoral confiable.

Pero en esta ocasión, el reclamo se ha producido en un tono más alto, beligerante, desafiante, temerario e intimidante, el cual trasluce un mensaje muy peligroso para el actual contexto político y electoral que se vive en el país. Pero, sobre todo, para la institucionalidad democrática.

Los representantes de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo(FP) y el Revolucionario Dominicano (PRD) aseguran que si no se cumplen sus demandas no habrá garantías para la celebración de las elecciones y que a lo que se iría es a un “matadero electoral”.

Pero más aún, exigen de manera categórica y tajante que sean destituidos de manera inmediata de sus posiciones, el director de la Policía Militar y Electoral y el director de Juntas Municipales por conflictos de intereses y de supuestamente estar inclinados a la causa del candidato a la reelección Luis Abinader.

En esa dirección, es necesario hacer algunas observaciones a los representantes de los partidos políticos y los distintos actores involucrados en el conflicto, los cuales aparentemente andan en la tesitura absurda de trastornar el proceso electoral venidero.

Lo primero es que, al parecer, de una y otra parte, no han sido calibradas la dimensión de sus palabras, sus silencios, el tono en cómo lo hacen, el momento, y la significación que las mismas tienen para la historia y la democracia.

No se han detenido a pensar en esas amenazas que no hay garantías para ellos participar en las elecciones venideras y de la JCE mantenerse en silencio ante las últimas demandas, lo que pudiera es estar allanando el camino para producir un vacío institucional de dimensiones insospechables que pudiera malograr la democracia.