La licitación CCCSI-0001 convocada por el Ministerio Administrativo de la Presidencia para adquirir 70 camiones compactadores no ha tardado en provocar el efecto de una tormenta en el mercado de vehículos pesados.

Un sector, que aglutina a importantes firmas concesionarias, reclama que se modifiquen requisitos como el de disponibilidad de un 70 % para entrega inmediata y el restante 30 % en un plazo de 5 días, bajo el alegato de que restringe la participación y afecta la competitividad.

Se desconoce la urgencia de los camiones recolectores, pero es obvio que bajo las condiciones señaladas son contados los concesionarios con capacidad de participar en la licitación.

Más aún cuando aparte del inventario se incluyen aspectos técnicos como autonomía de combustible, configuración de transmisión, capacidad y otros elementos que dicen pueden revisarse.

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Tratándose de una inversión de 750 millones de pesos, el Gobierno blinda su imagen ponderando las observaciones de suplidores de prestigio y con experiencia en el mercado.