GUAYAQUIL (ECUADOR), 08/01/2024.- Fotografía cedida por las Fuerzas Armadas de Ecuador, el lunes 8 de enero de 2024, que muestra la intervención en la cárcel Regional del Litoral, en Guayaquil (Ecuador). EFE/ Cortesía Fuerzas Armadas de Ecuador.
Por Irene Escudero |
Bogotá.- La delicada situación de seguridad en Ecuador, donde el crimen organizado ha puesto en jaque al país, pasa por Colombia, que sigue siendo el principal productor de cocaína global, pero también por toda la red de narcotráfico internacional que involucra desde productores a consumidores.
No se puede entender lo que está sucediendo en Ecuador, donde bandas criminales se han tomado en los últimos días cárceles, una cadena de televisión nacional, universidades y las calles implantando un crimen de terror que estaba latente desde hace un tiempo, sin pensar en clave regional y en el mapa del narcotráfico global.
“Las dinámicas que está viviendo Ecuador están entrelazadas, son interdependientes de los hechos que ocurren en Colombia”, afirma a EFE Óscar Palma, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, quien recuerda que Ecuador no es país productor de cocaína pero sí se ha convertido en un importante exportador.
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Ante un incremento global de la demanda de cocaína y una mayor acción en puertos de salida “tradicionales” como los colombianos -donde han aumentado las incautaciones-, “el incremento del uso de los puertos ecuatorianos para el tráfico global es muy claro”, explica este experto colombiano en narcotráfico.
El puerto de Guayaquil, epicentro de la violencia que vive Ecuador, lleva tres años seguidos rompiendo récords de cocaína incautada, recuerda Palma.
Este incremento del tráfico de estupefacientes también se ha traducido en un aumento desmesurado de la violencia- de una tasa de 5,8 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2018 a una de 44,9 en 2023, según datos de Ministerio de Interior ecuatoriano.
El papel de Colombia
Colombia no es ajena a la situación de Ecuador, que era ejemplo de seguridad en una América Latina turbulenta, pero las cosas comenzaron a empeorar hace años, algo que desde Quito relacionan con la llegada de “delincuentes colombianos”, recuerda el profesor de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario Juan Carlos Ruiz.
Una de las primeras bandas que surgieron en el país, ‘Los Choneros’ -cuya fuga de prisión de su líder, José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, ha sido el detonante de los hechos recientes- surgió, según la información de Insight Crime, como brazo armado de un cartel colombiano.
De ‘Los Choneros’ se escindieron otras bandas y ahora hay reportes que apuntan a alianzas con carteles narcotraficantes mexicanos. Sin embargo, la influencia actual de las bandas colombianas en estos grupos ecuatorianos no es tan claro, a pesar de que por ejemplo los detenidos por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio el pasado mes de agosto fueron todos colombianos.
Sí hay alianzas y colaboraciones- las bandas colombianas producen la droga y se la venden a las ecuatorianas para que la saquen por sus puertos. “Los ecuatorianos reciben la mercancía, la llevan a sus costas y a los grandes mercados”, resume Palma.
Y el ‘caldo de cultivo’ perfecto lo pone la porosa frontera de 586 kilómetros que separa a Ecuador de Colombia; mitad selvática y un agujero negro a pesar de los acuerdos entre los dos países para reforzar la vigilancia y la militarización.
“Esto no significa que el problema del mercado global de la cocaína sea una responsabilidad exclusivamente colombiana. Cada uno de los países tiene una responsabilidad grande en enfrentar las estructuras de sus países, pero está atado a un consumo que es global”, apostilla Ruiz. Solución global a un problema no solo nacional
Ante todos estos factores externos, la conclusión es una “internacionalización de las bandas criminales”, como señala Ruiz, que ha tenido un “deterioro muy fuerte” desde la pandemia.
Esto se traduce en que se sienta una “sensación de desgobierno, de que no hay ley, de que el ciudadano del común puede hacer lo que quiera”, es decir, la sensación de la “impunidad total y de que la capacidad del Estado es mínima”, lo que, sumado a un aumento de la pobreza y la corrupción tanto de autoridades como de fuerzas de seguridad y carcelarias, permite que proliferen estos grupos.
Por ello, para atajar la situación, “tenemos que dejar de pensar problema de narcotráfico en términos nacionales”, apunta Ruiz, porque si cada país sigue actuando de forma individual, “nos lleva a una especie de juego de persecución constante en el que no estamos avanzando, sino apagando pequeños incendios”.
Y no solo a través de la colaboración de fuerzas de seguridad, sino de diálogos entre comunidades, entre autoridades locales, entre autoridades portuarias; que Puerto Esmeraldas, en Ecuador, hable con Buenaventura o Cartagena, los dos principales puertos de Colombia, para rescatar “buenas prácticas” sobre cómo abordar el narcotráfico o de cómo actuar en conjunto
