Vivimos en una sociedad enmudecida. El silencio nos aturde. Hemos instalado un diálogo de sordos. Cada quien habla su propia jerga. Asistimos a nuestros propios oráculos. No alcanzamos a oír el grito del dolor ajeno. Somos una diminuta realidad insular e indolente.

Sólo así podemos explicar el olvido colectivo que han sufrido las víctimas en el sistema de justicia penal en República Dominicana.

Deslumbrante y portentosa, nuestra Constitución proclama en su artículo 177 que “el Estado será responsable de organizar programas y servicios de asistencia legal gratuita a favor de las personas que carezcan de los recursos económicos para obtener una representación judicial de sus intereses, particularmente para la protección de los derechos de las víctimas, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Ministerio Público en el ámbito del proceso penal”.

Pero esa no es una disposición contenida en una Constitución normativa. No. Es un pasaje infeliz en un pedazo de papel mojado.
A quién le importan las madres de los jóvenes asesinados por pandilleros o por policías. Quién subsana las heridas sicológicas de los centenares de Francina que resultan atracados y vejados en las calles inhóspitas de nuestras ciudades. Los hospitales están repletos de “muertoristas” que jamás volverán a caminar, parapléjicos que empobrecerán aún más a sus paupérrimas familias.

El procurador Francisco Domínguez Brito se ufana de una decena de pobres abogados mal pagados y mal leídos que tiene en un parapeto que llama Dirección de Víctimas.

El presidente Danilo Medina, ungido por el Rey Midas para su providencial reelección, ni siquiera mira el andrajoso Poder Judicial. Por el contrario, le sustrae la mitad de su presupuesto para destinarlo a “barrilitos” y “cofrecitos” que mantienen contentos a los señores diputados y senadores solazándose en sus poltronas de burócratas empedernidos, mientras “regalan” muñecas a las niñas y gallinas a las madres a cambio de votos.

A quién le importa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos acabe de sentenciar en el caso Ruano Torres contra El Salvador que es un deber de los Estados garantizar una defensa penal digna a las víctimas, que sean tratadas como personas, como sujetos y no como objetos.

Al fin y al cabo, todas las falencias institucionales de la Justicia van a ser solucionadas por la Cumbre Judicial Nacional convocada por el Consejo del Poder Judicial y por el flamante magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, don Mariano Germán Mejía. Una cumbre para una justicia que está en el suelo.

Mientras tanto, las víctimas siguen clamando justicia, enflaqueciéndose en los corrillos de los tribunales.